Materialmente, al gestor y luchador social, al procurador de la paz en su entorno marginal, al compañero indígena, al sacerdote católico Marcelo Pérez, lo cercenaron la vida de hartera, cobarde e injusta manera, las balas de un matón a sueldo, cuando estaba a punto de salir a celebrar la Santa Misa, no bien había terminado de celebrarla en una iglesia de la comunidad a la que servía.
Materialmente. Que no bien hubieron estallado el repudio y la indignación local, nacional e internacional, en breve y escueto mensaje, la presidenta de la república expresara: “Se hará justicia, el hecho no quedará impune”. Moralmente y la letra, el crimen deviene también de la inoperancia gubernamental y su consabida cantaleta…
En México, de 1990 a la fecha, han ocurrido y continúan ocurriendo en impunidad plena, incontables asesinatos (de éstos, el Centro Católico Multimedial lleva documentados los de 78 sacerdotes). Como prometer no empobrece, en pocos casos en que la hay, la respuesta de los encargados de garantizar la seguridad e impartir justicia, se reduce a palabras que en el aire se desvanecen, en tanto a los agraviados no les queda otra que rumiar su impotencia.
Pero más allá de anunciar un castigo ejemplar al o a los criminales -en los poquísimos casos en los que éste ocurre- la obligación del Gobierno consiste en garantizar la gobernabilidad en un ambiente de paz, de libertad y de justicia, impidiendo con toda su fuerza la ominosa actividad del crimen organizado que suma años de poder tener en sus garras a cualquier ciudadano.
Sobre todo, cuando personajes como el padre Marcelo, en su lucha acarrear la justicia a los desprotegidos y marginados, denuncian no sólo las situaciones de opresión, sino a los que la causan y procuran. Actitud que, dejando al descubierto la inoperancia gubernamental y hasta su colusión (al menos por omisión) con el crimen organizado, ha causado el amago, el secuestro y la desaparición de ciento de ciudadanos inocentes y, como en este horrible caso, el asesinato de luchadores sociales, uno de ellos el padre Marcelo, cuyo ‘crimen’, para los narcos y algunas autoridades, no fue otro que denunciar esos atropellos.
