Buscaban a una persona identificada con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Rompieron las puertas de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia El Rosario, en Salamanca, Guanajuato, en el que había 36 internos. Eran las 9 de la noche del 1º del octubre. El Zócalo de la CDMX estaba de fiesta por el cambio de gobierno, pero en Guanajuato las cosas eran distintas.
Los agresores dispararon contra los internos. Asesinaron a cinco, hirieron a cuatro y se llevaron a dos mujeres: la dueña y la encargada del anexo. Las autoridades del estado confirmarían más tarde que el comando se llevó también a varias personas más. En medio del ataque, la mayor parte de los internos huyeron en distintas direcciones.
Al escapar a bordo de un vehículo de color rojo, los integrantes del comando arrojaron poncha llantas.
Dos días más tarde, entre las 6 y las 7 de la mañana, los cadáveres de 12 personas, cuatro mujeres y ocho hombres, aparecieron en distintos puntos de Salamanca: el libramiento Salamanca-Valle de Santiago, la colonia La Cruz, y las comunidades de Valtierrilla, Cerro Gordo y Los Lobos.
Algunos de los cuerpos tenían los pies y las manos atados. Otros estaban en bolsas de plástico de color negro. Todos tenían impactos de arma de fuego.
Los dejaron en la carretera, en campos de cultivo, bajo puentes vehiculares y en las cercanías del jardín principal de Cerro Gordo.
A su lado había mensajes firmados por el Cártel de Santa Rosa de Lima (que en alianza con el de Sinaloa y la Familia Michoacana disputa el control de economías criminales de la región al Cártel Jalisco Nueva Generación).
Aunque tras la masacre del lunes no hubo reporte oficial de desaparecidos, el alcalde Julio César Prieto Gallardo vinculó el hallazgo de esos cuerpos con la masacre ocurrida en el anexo de la colonia El Rosario: “Los sustrajeron de este lugar, y el día de hoy, lamentablemente, los arrojaron en distintos puntos”.
La masacre del anexo de Salamanca suma entonces 17 muertos, en medio de un octubre marcado con sangre. La fiscalía del estado ha dado una cifra aterradora: 89 homicidios cometidos en Guanajuato en solo cinco días y 32 asesinatos solo el jueves 3 de octubre.
En la entidad funcionan de manera irregular, sin certificación oficial, cerca de 300 centros de rehabilitación. Muchos de ellos se han convertido en realidad en centros de reclutamiento de los cárteles y también en lugares donde las organizaciones criminales “guardan” o esconden a sus miembros.
En julio de 2020, tres sicarios del Cártel de Santa Rosa de Lima irrumpieron en un anexo de Irapuato. Buscaban a un sujeto apodado El Muletas, quien presuntamente había comandado una agresión armada en contra de los abogados de la madre del líder de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, El Marro, y que había ido a ese sitio a esconderse.
En poco más de 60 segundos, ejecutaron a 27 personas: la atrocidad más grande de que se tenga registro en los archivos criminales del estado. El líder de los agresores, un muchacho de 26 años conocido como El Jordan, fue sentenciado en enero del año pasado a 797 años de prisión.
Más de 50 ataques a centros de rehabilitación fueron cometidos durante el sexenio que acaba de terminar. La lucha interminable entre Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, el huachicol, la extorsión, la venta de droga, entre otros delitos, han convertido a Guanajuato en la entidad más violenta del país.
Mientras la violencia homicida se disparaba durante su sexenio hasta alcanzar la cifra histórica de casi 200 mil homicidios, López Obrador se refirió siempre a Guanajuato, estado gobernado por el PAN, como si este formara parte de otro país, y no del que él gobernaba. “En Guanajuato matan más”, se justificó a mediados de septiembre, cuando la captura de El Mayo Zambada había dado el banderazo de salida a una orgía de sangre en Sinaloa.
La presidenta Claudia Sheinbaum acaba de hacer lo mismo el miércoles pasado —día en que se registraron en México 85 homicidios. Cuando la interrogaron sobre la situación que se está viviendo en el estado, en medio de narcobloqueos y del intenso fuego cruzado entre grupos criminales, una guerra que en un mes ha dejado más de 150 asesinatos y 195 desapariciones forzadas, intentó quitarle gravedad a las cosas y echó mano de la misma muletilla: “Por cierto, Sinaloa no aparece entre los cinco estados de más número de homicidios: primero sigue siendo Guanajuato…”.
A querer o no, ha enviado una pésima señal. Con la mitad del país ardiendo, y 325 homicidios en los primeros cuatro días de su gobierno, ojalá entienda que no hay policía local que pueda enfrentar una situación como la que se está viviendo.
No basta con enviar militares, como hizo AMLO a lo largo de seis años, para aplacar la violencia. No se trata tampoco de echar competencias: el sexenio de las justificaciones, de los berrinches y del infantilismo ha terminado. Urge que el gobierno federal se haga responsable. Que se ponga fin a la pesadilla en que viven millones de mexicanos.
