Sacerdote Marcelo Pérez Pérez; “silencian la voz de los pueblos indígenas”

El sacerdote había denunciado abusos contra las comunidades y fue amenazado

El padre no tenía protección al momento de su ataque

Marcelo Pérez Pérez era sacerdote y luchador social, considerado una voz de los pueblos indígenas. Políticos ligados a la delincuencia organizada le habían puesto precio a su cabeza.

En septiembre de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado la medida cautelar 506-14 para el religioso.

Nació el 17 de enero de 1973 en el municipio indígena de San Andrés Larraínzar, en la región Altos de Chiapas.

Era el tercero de 11 hijos de Miguel Pérez Santís y María Antonia Pérez Hernández, un matrimonio de religión católica, campesinos, de condición humilde.

Se ordenó como sacerdote el 6 de abril de 2002.

“Es un llamado de Dios que voy sintiendo poco a poquito, voy sientiendo la voz de Dios por medio de mi mamá que me inculcó buscar a Dios, pero también servir a los demás”, relató a EL UNIVERSAL en 2018.

En 2001, Pérez Pérez fue designado capellán en el municipio de Chenalhó; tres años después de que un grupo armado asesinó a 22 indígenas tzotziles de la organización Las Abejas, de la comunidad Acteal.

“Acteal para mí fue un parteaguas de mi vida, fue como el segundo seminario, una escuela donde él me formó la lucha; el testimonio de los sobrevivientes de Acteal cambió mi vida. Si ya sabía de la biblia, ya había estudiado el magisterio de la iglesia, pero nunca había visto una voz tan clara como los sobrevivientes de Acteal”, dijo en esa ocasión.

Por 10 años estuvo en Chena-lhó y luego fue designado responsable de la parroquía San Antonio de Pádua, en el municipio indígena de Simojovel, donde observó problemas de inseguridad, asesinatos, secuestros, alcoholismo, drogadicción y prostitución, de lo cual responsabilizaba al entonces alcalde Juan Gómez Domínguez, un cacique priista.

Fue cuando empezaron las amenazas y una campaña de desprestigio contra el sacerdote.

Contaba con una orden de aprehensión por la desaparición forzada de 21 hombres en julio de 2021 en Pantelhó, lo que él señalaba como una contradicción porque también tenía seguridad del gobierno. Ayer, cuando fue asesinado, no tenía protección.

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