Por Víctor Oléa Peláez
A los 7 ministros de la SCNJ, quienes con dignidad y valentía han defendido a México y a su democracia. Mi solidaridad y respeto.
Durante los últimos meses, casi a diario, hemos estado viviendo una verdadera vorágine en el ámbito jurídico nacional. Pasamos, primero, de una temeraria iniciativa de reforma constitucional en materia judicial que el ejecutivo federal presentó -el 5 de febrero de 2024- a, segundo, su criticada y desaseada aprobación en ambas Cámaras del Congreso de la Unión; a la absurda e inviable implementación de dicha reforma, sin descartar otras que han intentado impedir la promoción de amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales contra la misma y, finalmente, a los planteamientos y proyectos que se instruyeron y resolvieron sobre el particular ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin pasar por alto, la estoica y comprensible renuncia de 7 destacados ministros de nuestro citado y más alto tribunal.
Atendiendo a la compleja problemática antes planteada, que desafortunadamente nos ha conducido a una situación constitucional sin parangón en la historia de nuestro atribulado país, es que someto a los lectores, las que en mi criterio constituyen las 10 consecuencias más palpables y delicadas de esa reforma judicial.
1.- La lamentable pérdida de extraordinarias carreras judiciales.- Sin duda, una de las consecuencias más desafortunadas de esta tan criticada reforma constitucional, es que ha generado las declinaciones-renuncias no sólo de 7 distinguidos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino además, más de 860 magistrados de circuito y jueces federales. Lo anterior implica que nuestro sistema de justicia perderá en forma definitiva y a partir del 31 de agosto del 2025, a los mencionados funcionarios jurisdiccionales, mismos que poseen carreras judiciales y trayectorias profesionales de gran trascendencia, lo que producirá ineludiblemente un demérito a futuro de la calidad técnica, ética y moral, y sobre todo de la independencia de la administración de justicia federal.
2.- Jornada electoral inviable.- Asimismo, nos encontraremos con una realidad inobjetable. La jornada electoral que tendrá verificativo el 1º de junio del 2025, será no sólo inviable, sino que constituye en fracaso anunciado. Dicha elección estará marcada por un abstencionismo brutal, que de entrada producirá el que se considere ilegítimo su resultado, y al mismo tiempo, será un verdadero caos electoral, que pondrá en entredicho al propio Instituto Nacional Electoral. Al mismo tiempo, la complejidad y duración de las votaciones, hacen patente que serán unos comicios que de manera alguna se podrán considerar confiables ni certeros.
3.- Desaliento.- La elección popular de los nuevos ministros, magistrados electorales, magistrados del tribunal de disciplina, integrantes del órgano de administración, de los magistrados de circuito y jueces de distrito, en los términos que se han apuntado, y derivado principalmente que no tendrán ni la autonomía, ni la preparación jurídica de sus antecesores, lo que producirá un lógico desaliento en la comunidad jurídica nacional, y desde luego también, en los justiciables.
4.- El costo.- Por otro lado, se ha publicitado el requerimiento del INE para los recursos económicos que esa elección necesitará, y la suma es exorbitante, de más de 13 mil millones de pesos.
En mi concepto, ese extraordinario costo, no sólo es injustificado, sino que implicará un desgaste brutal para el presupuesto federal, en perjuicio de quienes estimamos que ese exagerado desembolso, bien se podría invertir en el verdadero mejoramiento material y humano de la judicatura, o de otros aspectos de la vida nacional. El malgastar o desperdiciar el dinero de los mexicanos en la preparación y ejecución de la susodicha jornada electoral-judicial, nos parece poco recomendable para la realidad de nuestro país.
5.- Los perjuicios económicos a futuro.- La inseguridad jurídica que incuestionablemente va a provocar esa reforma judicial, a partir de la futura falta de independencia de los integrantes del poder judicial de la federación, de su disminución técnico jurídica y de su sumisión política, seguramente conllevará, por lo menos, una desaceleración de la economía nacional, con motivo de que la inversión extranjera y nacional, definitivamente no ve con buenos ojos esa modificación constitucional que eventualmente pondrá en riesgo sus legítimos negocios. Sin duda, esta situación deteriorará el desarrollo de México.
6.- Debilitamiento de la protección constitucional de los derechos y libertades.- No únicamente la nueva estructura constitucional que hemos venido comentando y criticando, sino la reciente reforma denominada “antiamparos” o de “supremacía constitucional”, es claro que vulnerará el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos.
7.- Eliminación de los efectos generales.– Esa lamentable reforma, desafortunadamente inhibe la importancia de la facultad constitucional con que cuentan las personas juzgadoras para conceder medidas suspensionales con efectos a terceros ajenos a la controversia, así, ante esa determinación legislativa, ahora será casi imposible tutelar a través del juicio de amparo los derechos de naturaleza colectiva y difusa, que por su naturaleza tienen un impacto en el orden público e interés social, así como, en la necesidad de salvaguardar que ninguna medida estatal atentará contra el principio de igualdad y no discriminación en el goce de los derechos humanos.
8.- El Sistema Interamericano de Derechos Humanos.- El claro incumplimiento que subyace de la reforma en cuestión, tanto en lo sustantivo, como en el caso de los denominados “jueces sin rostro”, tendrá seguras secuelas en el ámbito, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además de dejar nuevamente mal parado al Estado Mexicano, tendrá repercusiones que derivarían en el incumplimiento de acuerdos previos o a la violación de estándares internacionales, que con independencia del desprestigio propio para nuestro país a nivel internacional, derivarían importantes sanciones económicas.
9.- Rezago.- A mayor abundamiento, más allá del indiscutible rezago en la Corte que se enfrentará a partir de la desaparición de las salas especializadas, igualmente, derivado de la “curva de aprendizaje” que tendrán los nuevos jueces, magistrados y ministros, se producirá una lamentable y dañina dilación en las distintas resoluciones jurisdiccionales que les correspondan, en perjuicio de la expedita y deseada administración de justicia.
10.- Autoritarismo.- La erosión en la separación de poderes; la falta de independencia judicial; el perjuicio a la profesión legal; el desacato sistemático a las determinaciones emitidas por los poderes judiciales; el desprecio al estado de derecho, nos conducirá indefectiblemente al autoritarismo.
Presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.
(El Universal)
