El comité expresó su preocupación por el hecho de que Bélgica considera a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades como menos valiosas. El comité dijo que esto había llevado a un alto nivel de abortos de niños diagnosticados con síndrome de Down. Final del formulario. El comité instó a Bélgica a asegurarse de que los padres que se someten a pruebas prenatales también reciban información y asesoramiento que no promuevan estereotipos sobre las personas con síndrome de Down.
Un Comité de derechos humanos de la ONU ha criticado sorprendentemente a algunos países occidentales por su alta tasa de abortos por síndrome de Down.
Las críticas surgieron durante una sesión del comité que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, uno de los principales tratados de derechos humanos de la ONU. La sesión concluyó en septiembre y el informe acaba de publicarse, e incluye análisis de Bélgica y los Países Bajos.
El comité expresó su preocupación por el hecho de que Bélgica considera a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades como menos valiosas. El comité dijo que esto había llevado a un alto nivel de abortos de niños diagnosticados con síndrome de Down. Final del formulario
El comité instó a Bélgica a asegurarse de que los padres que se someten a pruebas prenatales también reciban información y asesoramiento que no promuevan estereotipos sobre las personas con síndrome de Down.
Los Países Bajos recibieron recomendaciones similares y señalaron que el comité había recibido informes sobre “presión ejercida por el personal sanitario sobre los futuros padres para que interrumpieran embarazos tras un diagnóstico de síndrome de Down u otra discapacidad”.
Esta cuestión no es nueva para el comité. El comité advirtió a Suecia de las actitudes discriminatorias que “impregnan los procesos y las decisiones sobre las pruebas prenatales y el aborto, y que están orientadas a la extinción de ciertos tipos de deficiencias intelectuales”. Asimismo, instó a Turquía a evitar un asesoramiento sesgado a los futuros padres que se enfrentan a un diagnóstico de síndrome de Down o espina bífida.
Estas declaraciones fueron recibidas con sorpresa y satisfacción por los bioeticistas pro vida que, desde hace décadas, han estado alertando sobre la cuestión del aborto selectivo por motivos de discapacidad. Sin embargo, sigue habiendo un problema importante con el razonamiento del comité.
Cabe destacar que todas las recomendaciones mencionadas anteriormente estaban dirigidas a países de Europa occidental donde las leyes sobre el aborto son generalmente permisibles, aunque a menudo con límites gestacionales, y donde las pruebas prenatales son comunes.
No se debe pensar que el comité está a favor de la vida, porque no lo está. Si bien el comité se opone a que se presione a los futuros padres para que aborten selectivamente a sus hijos discapacitados, no plantea objeciones cuando los padres lo hacen.
De hecho, el Comité ha adoptado una postura firme a favor del aborto, instando a los países a “despenalizar el aborto en todas las circunstancias” y “legalizarlo de una manera que respete plenamente la autonomía de las mujeres”. Si bien el Comité de la CDPD ha adoptado una postura coherente contra los abortos forzados o coaccionados en mujeres con discapacidad, también insiste en que esas mismas mujeres tengan acceso al aborto si así lo eligen.
Así, el Comité ya ha adoptado la posición de que los niños no nacidos, independientemente de su discapacidad, no son personas con derechos, incluido el derecho a la vida. Esto está, obviamente, en conflicto con su crítica al aborto selectivo en casos de diagnóstico de discapacidad: no puede haber discapacidad en ausencia de una persona.
En definitiva, el compromiso inquebrantable del comité de promover el aborto como un derecho humano lo obliga a adoptar esta posición contradictoria. Si bien las leyes que permiten explícitamente la eliminación de los niños con discapacidades se consideran indecorosas, el comité no está dispuesto a plantear una defensa a viva voz del derecho a la vida de esos niños.
El resultado práctico del razonamiento del comité se asemeja a lo que ocurrió en Islandia, que se ha vuelto tristemente célebre por su casi erradicación de los nacimientos de niños con síndrome de Down. Antes de 2019, el aborto era legal en Islandia hasta las 16 semanas, pero se podían realizar abortos mucho más tarde si había un diagnóstico de síndrome de Down u otras malformaciones fetales. Después de que el comité criticara a Islandia, ¿Islandia redujo el límite de gestación para los abortos por síndrome de Down? No. En cambio, aumentó el límite de gestación permitido para todos los abortos de 16 a 22 semanas. De hecho, en ese momento se informó que Islandia había «curado» el síndrome de Down; pero lo único que habían hecho en realidad fue asegurarse de que ninguno de esos niños naciera nunca.
La próxima comparecencia de Islandia ante el comité tendrá lugar el año próximo. Queda por ver si el Comité de la CDPD considerará que esto constituye una mejora.
La crítica del Comité de la CDPD al aborto selectivo por motivos de discapacidad es ciertamente positiva, como lo es su condena del aborto forzado. Sin embargo, su insistencia en promover el aborto como un derecho socava gravemente el cumplimiento de su mandato de proteger los derechos de las personas con discapacidad más vulnerables.
Cabe señalar que las opiniones de estos comités no tienen fuerza jurídica y, además, suelen ir mucho más allá de sus mandatos. Sin embargo, sus opiniones son utilizadas por abogados, jueces y parlamentarios como palancas jurídicas para crear nuevas normas de derechos humanos.
Traducción del original en lengua inglesa bajo responsabilidad del director editorial de ZENIT.
