Especialistas advierten de un posible acto de desobediencia por parte del Ejecutivo y Legislativo en caso de que la Suprema Corte invalide la reforma judicial
Constitucionalistas advierten que en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —en su carácter de Máximo Tribunal Constitucional— llegue a declarar la invalidez de gran parte del decreto de la reforma judicial y los poderes Legislativo y Ejecutivo ingnoren esa decisión indudablemente cometerían un desacato, un acto de desobediencia que agravará la crisis constitucional.
Esto luego que el pleno de la SCJN acordó que el 5 de noviembre se inicie el estudio de la reforma, donde el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone invalidar la elección de jueces y magistrados por voto popular y que sólo se realice la elección de ministros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Francisco Burgoa, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), externa a EL UNIVERSAL que la crisis constitucional existe, sobre todo a partir de que los poderes Ejecutivo y Legislativo ignoran las suspensiones en materia de amparo.
Explica que se puede presentar un escenario donde estaríamos hablando de la fragilidad del Estado constitucional y democrático de derecho, porque por más que la Corte emita medidas, como apercibimientos, con el propósito de obligar a los otros dos Poderes de la Unión a ejecutar su sentencia, simplemente carece de instrumentos que le permitan hacerlas cumplir, por ejemplo, indicó, el uso de la fuerza pública.
“Tendría que ser un acatamiento totalmente natural por parte del Ejecutivo y Legislativo. El hecho de que no acaten incrementa la crisis constitucional, porque al final el Poder Judicial no cuenta con ese respaldo de la fuerza pública, presentaría denuncias ante la Fiscalía General de la República, pero no tendrían una mayor posibilidad de prosperar”, enfatiza el académico.
Subraya que el Poder Judicial es el último reducto de la defensa constitucional, cuando menos de una Constitución hasta antes de estas reformas, preservando principios fundamentales y que serán cambiados bajo el argumento genérico de que el pueblo decidió: “Pero el pueblo no decidió que la Constitución sea trastocada como se está haciendo y (…) no hubo referéndum para preguntarle si realmente quería este tipo de reformas”.
Diego García Ricci, abogado y académico de la Universidad Iberoamericana, agrega que la crisis comenzó desde el momento en que se interpusieron acciones de inconstitucionalidad; ahora hay un proyecto concreto de echar abajo parte de la reforma constitucional.
“Es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre la posibilidad de declarar inconstitucional una reforma constitucional, nunca antes lo había hecho en el fondo de la reforma, siempre se había referido a cuestiones procedimentales, cuando no se cumplían los procedimientos para aprobar una reforma constitucional. Entonces, el hecho que la Corte esté conociendo estas materias nos habla que está llevando acciones que antes no había desempeñado. ¿Por qué estamos aquí? Tiene que ver con la decisión que tuvo el órgano reformador de la Constitución de crear la elección popular de jueces y magistrados”, afirma.
El litigante abunda en que estamos en una crisis porque la Corte está revisando las reformas constitucionales en el fondo, y abre la posibilidad de que si la SCJN reúne los ocho votos para declarar inconstitucional esta reforma y el Poder Ejecutivo no acata la sentencia, nos encontraríamos ante una situación que no le hace bien al país.
Comenta que se requiere superar este momento de tensión y encontrar una vía que nos reconduzca a la institucionalidad.
Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asegura por su parte que el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá hace referencia a una crisis constitucional. “Va a ser muy difícil que la Corte invalide totalmente… En ese caso sería la invalidez de algunas de las disposiciones, la más importante es la elección popular de jueces y magistrados”, puntualiza.
