Más de 14 mil millones de registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, en riesgo de quedar sin resguardo adecuado: expertas
La extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el traslado de sus funciones a la Secretaría de la Función Pública (SFP), renombrada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, deja en vilo a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la base de datos más importante de México que cuenta con más de 14 mil millones de registros en riesgo de no recibir un adecuado resguardo.
En entrevistas con EL UNIVERSAL, la expresidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai), Jacqueline Peschard; la comisionada del Inai, Norma Julieta del Río, y la integrante de Fundar (centro de investigación especializado en transparencia), Anaid García, advirtieron que la reforma de simplificación orgánica no prevé la continuidad de la PNT, y detallaron que en caso de que en las leyes secundarias se establezca que dicha base de datos también pase a la SFP, será “un peligro” que los 14 mil 958 millones de registros pasen a formar parte del gobierno.
Anaid García, de Fundar, explicó que actualmente existe un sólido sistema de protección a la base de datos de la PNT, pero alertó que la reforma no prevé acciones para resguardar la información, lo que la deja expuesta a hackeos con el riesgo de que pase a manos de criminales.
“Habrá que revisar perfectamente que la plataforma siga teniendo seguridad, porque ha sido una de las tareas principales que ha desarrollado el Inai para cuidar más de 14 mil millones de dados. Es importante que se sepa que esta plataforma tiene muchos ataques cibernéticos, se habla de alrededor de 272 millones de intentos de ataque en este 2024, entonces se tendría que tener una política de seguridad que siga manteniendo el resguardo de esos datos”, declaró.
Otros riesgos de que la PNT pase a manos de una dependencia federal es que haya persecución a ciudadanos incómodos, alertó Peschard Mariscal.
“La Plataforma Nacional de Transparencia es una herramienta informática en la que se guardan todas las solicitudes de información que hacen las personas, y aunque a veces la pueden hacer de manera anónima, muchas veces ponen su nombre. Entonces, imagínense que se sepa quiénes son las personas que han solicitado información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Guardia Nacional (GN), a la Fiscalía General de la República (FGR), o que han pedido datos sobre actos que ha hecho el gobierno en materia de violación a derechos humanos. Entonces, si pudiera haber actos de persecución sobre las personas que han solicitado información, llamémosle incómoda para el poder”, indicó.
En los últimos años, el Inai instruyó a la FGR a abrir la investigación sobre fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, donde se localizaron 196 cadáveres en 2011. También determinó que toda la información relacionada con la represión militar en Tlatelolco en 1968 debe ser pública, y ordenó al gobierno hacer una versión pública sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, así como con otros casos como los de Tlatlaya, Odebrecht, la Estafa maestra y Segalmex. Todos, derivados de solicitudes de información por parte de ciudadanos.
Con base en lo anterior, “saber esos datos es algo muy grave, porque antes el que resguardaba esa plataforma era el Inai, y era autónomo, no estaba vinculado o alineado al gobierno, ni siquiera a un partido político, pues eso lo que garantizaba es que los datos personales estuvieran protegidos como lo establece la Constitución en el artículo 116”, insistió Peschard.
La comisionada del Inai Norma Julieta del Río explicó que de los 7 mil 407 sujetos obligados integrados en la PNT, 6 mil 684 son estatales y 723 pertenecen al orden federal, por lo que detalló que si no se homologa la base de datos, “se dispersará el derecho a la información en más de 7 mil ventanillas con capacidades, formatos y criterios diversos”.
Del Río Venegas detalló que es posible mantener la plataforma y homologarla conforme a las nuevas disposiciones, pero para ello “es necesaria una nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que defina una nueva instancia de coordinación nacional, la cual permita controlar el uso de la PNT en el interior del Poder Ejecutivo, y a través de convenios de colaboración con los Poderes Legislativo y Judicial, los partidos políticos, sindicatos y organismos autónomos, y que a nivel nacional permita coordinar el uso de la PNT con las instancias estatales y municipales por medio de convenios”.
A su vez, García recordó que además de los riesgos de hackeo, persecución y dispersión de información, los cambios no garantizan que los sujetos obligados den respuesta a solicitudes que benefician a personas vulnerables como ciudadanos que requieren sus semanas de cotización para poder pensionarse, o solicitudes para obtener expedientes médicos para acceder a sistemas de salud privados, entre otros ejemplos.
“La reforma es altamente regresiva y propicia la existencia de un gobierno discrecional, lo que tendrá como efecto que México pase de ser un referente en el mundo en materia de transparencia a uno de los peores lugares para ejercer el derecho a acceder a la información.
“Hay una lógica de concentración del poder porque se le está quitando la jerarquía a un órgano constitucional autónomo que tenía facultades para ordenar a los tres Poderes [de la Unión] de proporcionar información y promover sanciones, pero ahora el gobierno es juez y parte”, concluyó.
