Gran parte de las instituciones de nivel básico carecen de servicios como agua potable y electricidad, advierte el Coneval; llama a implementar acciones para evitar rezago
Se debe rediseñar la política de infraestructura educativa para definir claramente las responsabilidades de los actores involucrados, así como para promover y mejorar los mecanismos de rectoría que garanticen el cumplimiento de los estándares técnicos y operativos en los centros educativos, subraya el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“Dada la magnitud de las carencias observadas en las escuelas comunitarias, se considera indispensable implementar acciones para establecer, adaptar y supervisar las condiciones de infraestructura (…), con el fin de avanzar en la atención a los rezagos más urgentes”, dice.
En su reporte Evaluación Integral de la Política Social Vinculada al Derecho a la Educación 2023-2024, expone que en el ciclo escolar 2022-2023 un elevado porcentaje de escuelas de educación básica carecía de servicios básicos esenciales: 21.5% de los centros educativos no contaban con agua potable; 18.1% no tenían lavamanos; 8.8% no contaban con electricidad, mientras que 8.1% no tenían sanitarios individuales.
“Estas deficiencias son aún más pronunciadas en las escuelas de tipo comunitario e indígena, las cuales enfrentan mayores carencias en todos los aspectos analizados (…) La mayoría de estas escuelas se encuentran en localidades con menos de 2 mil 500 habitantes, lo que sugiere una asociación entre las carencias de infraestructura educativa y comunidades donde se ubican”.
Indica que en el periodo lectivo 2022-2023, más de la mitad de las escuelas primarias y secundarias del tipo comunitario carecían de agua potable y lavamanos. “Las escuelas ubicadas en zonas rurales e indígenas enfrentan desafíos adicionales, con una menor disponibilidad de servicios esenciales y un equipamiento tecnológico limitado, como computadoras e internet”, añade.
Sostiene que la Ley General de Educación establece la obligación del Estado de garantizar una infraestructura educativa adecuada, incluyendo su mantenimiento y las condiciones del entorno.
También puntualiza que es fundamental atender de manera prioritaria las necesidades de las escuelas que están ubicadas en áreas con mayor riesgo de rezago o abandono escolar, como las localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, rurales y comunidades indígenas.
“Será fundamental definir o establecer un organismo rector en materia de infraestructura educativa con las atribuciones, capacidades y recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad en todos los planteles, así como construir un plan (…) de atención a las necesidades de infraestructura mediante un diagnóstico que permita identificar las carencias más urgentes y dar seguimiento a la política”, sentencia.
Para ello, plantea un censo de infraestructura escolar y necesidades materiales con una periodicidad que permita garantizar su realización continua, hasta llevar a cabo levantamientos muestrales.
“Este enfoque es el más recomendado, porque proporciona información detallada y exhaustiva de todas las escuelas, lo que facilita una planificación más precisa y adaptada a las necesidades específicas”.
El documento indica que para realizar este diagnóstico será indispensable tomar en cuenta las necesidades de las autoridades educativas locales, de manera que el diagnóstico refleje sus principales preocupaciones y las carencias de las escuelas en su nivel más desagregado. Y establece que las desigualdades en la provisión de servicios básicos y equipamiento educativo tienen implicaciones profundas para la calidad y la equidad de la educación.
“Sin una infraestructura adecuada, es difícil garantizar un entorno propicio para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades para todos los estudiantes, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad”, argumenta.
Previamente a la reforma educativa en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, los recursos eran entregados a las instituciones educativas, pero a partir de la reforma se estableció que deben entregarse directamente a los comités de maestros y padres de familia en las escuelas.
