El gobierno rechaza la existencia de desapariciones forzadas por parte del Estado, a pesar de la activación del artículo 34 por la ONU, ante la crisis de más de 125 mil desaparecidos
Políticos como Gerardo Fernández Noroña y Luisa María Alcalde, las Secretarías de Gobierno y Relaciones Exteriores, así como la Comisión de Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han cerrado filas con la presidenta de México ante los pronunciamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU). “En México no hay desaparición forzada desde el Estado”, aseguró Claudia Sheinbaum el pasado 9 de abril.
Fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando la ONU “puso el ojo” en el país tras la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero. “En México hay un contexto de desapariciones generalizadas”, apuntó desde aquel momento el organismo internacional.
México tiene una larga historia de desaparición forzada que involucra la acción u omisión estatal. Apenas en febrero de 2025, nueve jóvenes de Oaxaca fueron desaparecidos. Los únicos dos detenidos por participar de forma “directa” son agentes de la Fiscalía estatal. En 2021, la Secretaría de Marina se disculpó por “reservar información” sobre el secuestro de al menos 27 personas en Nuevo Laredo ocurrido en 2018.
En total hay más de 125 mil personas desaparecidas en territorio mexicano, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación. Este contexto dio pie al Comité para accionar el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
“Implementación del artículo 34 llega tarde”: Jorge Verástegui
Sobre la activación del artículo 34, Santiago Corcuera, expresidente y exintegrante del Grupo de Trabajo y del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU consideró que es “adecuada y oportuna” debido a que el Comité ya hizo uso de las otras facultades que tenía para adentrarse en el tema, sin embargo, al no obtener resultados, tuvo que recurrir a otras instancias.
El 4 de abril, el Comité anunció que activará su artículo 34 del tratado, el cual permite “llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General.”
Efraín Tzuc, periodista de datos e investigador mexicano, destacó en entrevista que las autoridades mexicanas han sido incapaces «no sólo de buscar a las personas desaparecidas, sino de prevenir nuevas desapariciones”, por lo que calificó esta decisión como justificada.
Este proceso requiere que la ONU solicite información del tema al gobierno mexicano para valorar si la situación debe o no ser presentada ante la asamblea internacional para dictar medidas que solucionen la problemática. Esta decisión es inédita y se sostiene porque “recibió informaciones que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática bajo jurisdicción de México”, según el propio Comité.
“Tendría que haberse activado antes, pero me parece correcto que el Comité comience a solicitarle al Estado mexicano información más concreta del tema”, señaló el activista Jorge Verástegui, quien busca a su hermano Antonio y a su sobrino, ambos desaparecidos desde el 24 de enero del 2009 en Coahuila.
Gobierno se posiciona frente a Comité de la ONU
A pesar de que la medida busca esclarecer y, eventualmente, erradicar la desaparición forzada en México, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una nota diplomática al Comité para expresar la inconformidad de su gobierno y señaló que “hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada, y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para combatir”.
Mediante visitas oficiales desde 2021, el Comité ha seguido de cerca el fenómeno de las desapariciones. Sin embargo, la actual administración del gobierno federal se lanzó contra la ONU, aunque también culpó a los gobiernos estatales, las fiscalías e incluso, a los presidentes anteriores por practicar, atestiguar u omitir esta problemática.
«Decir que en México no hay desapariciones forzadas es no aceptar la realidad. Es no saber lo que es la definición de desaparición forzada que está en la ley mexicana«, aseveró Santiago Corcuera.
A esta postura que contraviene al Comité de la ONU se han sumado morenistas como el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, quien afirmó que los pronunciamientos de la ONU “son herramientas del poder económico y del conservadurismo que no paran ninguna agresión a ningún pueblo”. Por su parte, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, acusó al Comité de “actuar con orientación política e ideológica.”
“El gobierno morenista está teniendo una reacción muy similar a la que tenía el sexenio de Peña Nieto. Adopta la misma actitud de rechazo ante los pronunciamientos y decisiones de las instancias internacionales, como si fueran sus enemigos cuando, realmente, la función del Comité es la protección de todas las personas”, puntualizó Santiago Corcuera.
¿Qué sigue después de la implementación del artículo 34?
“Me gustaría que el gobierno mexicano, en vez de presentar información que contradiga la percepción del Comité, propuestas realmente orientadas a la solución del problema«, planteó Corcuera respecto a cómo debería desarrollarse el tema a futuro.
A pesar de que se trata de un hecho sin precedentes, para el exintegrante del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, es fundamental que el gobierno mexicano coopere con la Organización para crear un mecanismo que se enfoque en frenar el ritmo de las desapariciones, resolver la crisis forense para identificar restos óseos y garantizar que se haga justicia a los casos.
Por otro lado, Efraín Tzuc destacó que al ser la primera vez que un estado es sometido a este mecanismo, es incierto lo que sucederá, pero “traerá consigo una medición de fuerzas bastante compleja entre la ONU y el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum”, vaticinó.
