Es el penal federal con más casos en el país; denuncian falta de atención psicológica y negligencia
“Yo como mamá tengo derecho a saber la verdad”, dice la madre de Jheralding Marcela Pantoja Botero, mujer colombiana que murió el pasado 6 de febrero en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil (Cefereso) 16, en Coatlán del Río, Morelos. Su caso es el último de una serie de 21 suicidios registrados desde 2020 en el penal federal.
Jheralding fue detenida en México por presunta posesión de armas. Se le aplicó prisión preventiva oficiosa y fue recluida en el Cefereso 16 durante siete años sin sentencia. Su madre, Mónica Botero, rechaza que el deceso de la mujer fuera un suicidio.
“Mami, ya mero salgo y apenas llegue a Colombia, quiero que me prepare mi comida preferida”, le dijo la joven colombiana a Mónica poco antes de su fallecimiento. Tras enterarse del deceso e inconforme con la versión de las autoridades, Mónica viajó a México para la repatriación del cuerpo e iniciar una carpeta de investigación por feminicidio.
No es un caso aislado
Tras la muerte de Jheralding, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para esclarecer las presuntas violaciones a los derechos de la reclusa y la aplicación de los protocolos de atención en el caso.
No fue la primera vez que la institución se pronunció por hechos ocurridos en el Cefereso 16, pues en 2024, la Comisión emitió recomendaciones por los suicidios de 13 mujeres en el penal registrados entre el 20 de julio de 2021 y el 6 de diciembre de 2023.
De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, de 2020 a 2025, 21 mujeres se han quitado la vida en esta cárcel. Las cifras superan significativamente al segundo penal federal con más suicidios en el mismo periodo: el Cefereso 12, que contabiliza 13 suicidios desde 2020.
Una política de “ahorro” que cobra vidas
Viridiana Molina, quien se convirtió en activista tras ser absuelta de los cargos que la llevaron a estar recluida en el Cefereso 16, atribuye el aumento de suicidios a la concentración de mujeres privadas de la libertad por delitos tanto del fuero federal como del fuero común.
La convivencia de reclusas por delitos de distinto orden tiene su origen en una serie de acuerdos del gobierno federal, encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con las empresas encargadas de administrar las cárceles.
Las negociaciones se realizaron luego de que el exmandatario se quejara de un gasto “leonino” en los penales federales, pues los contratos del Estado con las empresas que operan las prisiones implicaban un gasto fijo mensual, con independencia del número de personas reclusas en los Ceferesos.
“El trato representaba un gasto para el pueblo de México equivalente al hospedaje diario en un hotel de cinco estrellas o más por el alojamiento, alimentación y la atención de cada interno”, destacó Rosa Icela Rodríguez, durante una conferencia matutina del 22 de abril de 2021, cuando aún fungía como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Ante este panorama, en 2021, el gobierno acordó medidas para generar un ahorro de más de 10 mil millones de pesos, entre ellas, el traslado de personas recluidas en penales estatales a cárceles federales, como el Cefereso 16. Así, personas privadas de la libertad por delitos del fuero común, como homicidio y extorsión, terminaron bajo el mismo techo que aquellas procesadas por delitos del fuero federal, como narcotráfico y delincuencia organizada.
La activista Viridiana Molina explica que el traslado generó un fuerte impacto en las mujeres que llegaban de penales estatales, pues las internas venían de un ambiente menos restrictivo, con llamadas, visitas conyugales y mayor comunicación con su familia. “Metes a alguien (que no estaba acostumbrada) a un sistema de manos atrás, cabeza abajo y pegadas a la pared”, describe.
“(Todas las reclusas) tienen el mismo derecho, pero no el mismo trato. Por normativa, la seguridad tiene que ser completamente distinta”, explica en entrevista Verónica Rugerio Sánchez, maestra en Derecho Penal.
Geovana C., quien también fue interna en el Cefereso 16, recuerda en entrevista las llamadas dentro del penal, que se limitaban a un máximo de 10 minutos. “Todas somos mamás y no se puede hablar sólo 10 minutos con nuestros hijos; en 10 minutos hablarle al abogado, en 10 minutos hablarle a tu mamá, preguntarle a tu hijo cómo está… 10 minutos no alcanza”, asevera.
La reubicación también alejó a las familias de las internas, que ahora debían recorrer largas distancias. En muchos casos, esto imposibilitó las visitas frecuentes, lo que derivó en el abandono de varias mujeres.
Al mismo tiempo, en el penal comenzaron a reportarse dinámicas de extorsión y venta de objetos entre las reclusas, una práctica común en las prisiones estatales. “Hubo extorsiones a los familiares de internas por medicamentos. Les decían: ‘es que yo le di cinco pastillas, ahora las tiene que pagar.’ Eso antes no existía”, señala Molina.
