Tanto el gobierno de López Obrador como el de la presidenta Claudia Sheinbaum han sido mantenidos en la oscuridad de las iniciativas y acciones de EU contra los cárteles mexicanos.
Cárteles, capos de la droga y fentanilo volvieron a emerger esta semana en Estados Unidos como un problema, para ese país y para México. La mirada, cuando menos en lo que se aclaran las cosas, está sobre políticos y empresarios muy cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quienes también forman parte de las élites mexicanas cuyas ramificaciones se extienden mucho más allá del obradorato. En el centro de los reflectores se encuentran Alfonso Romo, el empresario regiomontano que fue el jefe de Oficina de López Obrador al iniciar su sexenio, y Manuel Bartlett, quien fue director de la Comisión Federal de Electricidad, muy cercano al expresidente.
El nombre de Romo se asocia a Vector Casa de Bolsa, que pertenece a Vector Empresas, del cual es presidente honorario desde abril del año pasado. Romo fue fundador de Pulsar, que es la firma matriz detrás de ese grupo financiero, el cual fue señalado ayer por el área de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) como una de las tres instituciones mexicanas sospechosas de lavar dinero procedente de las ganancias del tráfico de fentanilo, a las que sancionaron administrativa y civilmente. En el caso de Vector Casa de Bolsa, el gobierno estadounidense la está vinculando con los cárteles de Sinaloa y del Golfo.
Bartlett es el elefante en la sala que reapareció ayer en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, donde los fiscales del Departamento de Justicia que llevan el caso de Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del extinto Cártel de Guadalajara, revelaron que piensan dar a conocer las grabaciones de horas de tortura que ordenó en 1985 contra el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. De acuerdo con extractos del expediente y testimonios de Víctor Lawrence Harrison, un testigo protegido de esa agencia, Bartlett estuvo en la casa en Guadalajara donde torturaron y asesinaron a Camarena Salazar. Bartlett siempre lo ha negado, pero la investigación por su probable participación en aquel crimen está abierta.
Los dos nuevos ingredientes en la cocina del presidente Donald Trump para seguir presionando al gobierno mexicano coincidieron con una audiencia la víspera en el poderoso Comité Judicial del Senado en Washington, donde Matthew Allen, el jefe de la oficina de la DEA en Los Ángeles, enfatizó que los cárteles mexicanos están fuertemente involucrados en actividades terroristas sofisticadas. “A esto es a lo que nos enfrentamos, cárteles paramilitares con alcance global, asesinando familias y vigilando a personal estadounidense en nuestro propio territorio”, agregó. “Esto no es sólo crimen; esto es terror”. (El Universal)
