Los recientes eventos de Morena y Va por México podrían suponer complicaciones rumbo a las elecciones de 2024, señala Enrique Quintana.
Uno de los escenarios más complejos que puede enfrentar nuestro país en materia política es llegar al día 2 de junio de 2024 y tener un resultado de las elecciones presidenciales muy cerrado, no importa quién gane.
En una democracia en la cual no hay polarización y en donde las autoridades tienen el reconocimiento pleno de los actores en contienda, eso no debería implicar ningún problema.
Bastaría una diferencia de unos cuantos votos para que el perdedor reconociera sin cortapisas el resultado.
Lamentablemente se ha empezado a configurar una circunstancia en la cual se pueden ir acumulando a lo largo de los meses posibles reclamos de ilegalidad que conduzcan a que el perdedor pueda impugnar el resultado ante los tribunales.
Si la ventaja para el ganador es amplia, quizás el asunto quede zanjado. Pero si es estrecha, entonces puede comenzar la pesadilla.
Un caso controversial es el de las precampañas adelantadas.
El que las dos principales fuerzas en disputa hayan adelantado sus procesos para seleccionar a su candidato o candidata presidencial, puede ser objeto de diversos reclamos legales.
El primero y más claro tiene que ver con la equidad.
Que las leyes fijen fechas definidas para las precampañas lo que busca es que todos los actores en contienda salgan a competir al mismo tiempo.
Si alguien se adelanta, se rompe la premisa de la equidad que subyace la definición de las etapas que son obligatorias para todos los partidos y candidatos en la competencia.
Pero, además, puede haber el problema del financiamiento.
Si se considera que las actividades que realizan los aspirantes a convertirse en candidatos forman parte de las precampañas, entonces tendrán que sumarse los gastos realizados en el proceso actual a los que se efectúen de manera formal en el lapso de las precampañas que comenzarán en la segunda parte de noviembre.
Pero, además, se dará la posibilidad de que, independientemente de lo que los partidos declaren, se pueden considerar como gastos los que contabilice, en su fiscalización de actividades, el Instituto Nacional Electoral.
Los funcionarios del INE se encuentran regularmente vigilando la actividad electoral y pueden realizar actividades que van desde contar los espectaculares que se han desplegado con las imágenes de los aspirantes, hasta el monto que tiene que desembolsarse para la realización de alguna concentración en una plaza pública, y todo ello podría imputarse como un gasto de precampaña.
Una tercera problemática que configura un riesgo para los próximos meses es el hecho de que tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) parezcan ‘estarse echando la bolita’.
Pareciera que nadie quiere agarrar el toro por los cuernos y solo están dando largas.
No haber reaccionado de manera ágil y oportuna desde que las actividades de los virtuales precandidatos comenzaron ha generado un vacío que deja una ambigüedad en la interpretación de lo que está sucediendo.
Por un lado, Morena señala que se trata de un procedimiento interno de su organización para designar al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, mientras que los opositores señalan que no se trata de una actividad electoral, sino que es la selección del coordinador para la construcción de un Frente.
Tiene toda la razón la magistrada Janine Otálora cuando señala que ambos mecanismos son simplemente recursos para pretender burlar la ley, porque es evidente para todos que lo que estamos viendo es el proceso de selección de dos candidatos presidenciales que encabezarán cada una de las alianzas o coaliciones que se van a conformar en el 2024.
Ni el INE ni el Tribunal quisieron parar el proceso cuando comenzó Morena, y tampoco, por reciprocidad, cuando la oposición comenzó con su mecanismo.
El hecho de que tengamos criterios ambiguos y falta de claridad por parte del INE y del Tribunal, pueden conducir a un debilitamiento de la fuerza de ambas autoridades.
La credibilidad de la autoridad es clave para poder asegurar que tengamos una transición política tersa que no genere incertidumbre y que permita que, al margen del resultado, tengamos una situación estable en el país.
Una autoridad débil que aplica las leyes con criterios poco claros puede dar lugar al intento de las fuerzas políticas de saltarse las normas y a establecer su voluntad a través de la presión, de las movilizaciones callejeras, o incluso no debiéramos descartar el riesgo de que se pretenda el uso de la violencia.
Todavía estamos a tiempo, como país, de evitar estas circunstancias. Pero la tarea más importante la tienen que realizar de manera inmediata tanto el INE como el TEPJF para fortalecer su posición de árbitro y autoridad respectivamente.
Ojalá las personas que conforman estas instituciones no queden chicas frente al reto de las actuales circunstancias. (El Financiero)
