Lo que vimos en Texcaltitlán y en esa región del Estado de México, Guerrero y Michoacán, se vive en gran parte del territorio nacional por la estrategia deliberada de cooptar a los grupos criminales para la causa electoral del obradorismo.
Esta no fue una ocurrencia, sino una política del Presidente que ha tenido altísimo costo para la nación y será la peor herencia a la próxima presidenta y a todos los mexicanos de bien: la alianza del gobierno con los narcos.
Se equivocó el Presidente.
Pero esta vez no fue una ocurrencia como la que tuvo una noche en que la almohada le dijo que era buena idea destruir lo avanzado en el aeropuerto internacional de Texcoco, en contra de la opinión técnica de sus futuros secretarios de Hacienda y Comunicaciones, Infraestructura y Transportes.
En la alianza con grupos criminales hay diseño. Lo hemos visto en las elecciones de este sexenio y no existen indicios de que no se vaya a dar en las elecciones federales de junio próximo.
Si el Presidente creyó –y tal vez siga creyendo– que podía usar a grupos criminales como operadores de los candidatos de Morena, o para inhibir a aspirantes de la oposición en algunas regiones del país, y a la vez controlarlos con abrazos, hoy probamos el amargo sabor de su equivocación.
El Ejército sabe dónde están y quiénes son los jefes de los grupos criminales, sus sicarios, sus andanzas, sus aliados, sus víctimas, sus guaridas y sus hábitos, y no los somete.
Todos conocemos el valor de los mandos y oficiales de nuestro instituto armado, por lo que su pasividad es producto de una instrucción superior, y no puede ser de nadie más que de su comandante supremo.
López Obrador lo ha dicho en público y en privado con mandos de las Fuerzas Armadas: los criminales son gente buena, del pueblo. A lo sumo pide en sus conferencias matutinas –broma cruel para los familiares de las víctimas– que sus mamás los regañen.
Como lo reveló en estas páginas el reportero David Saúl Vela el lunes, inteligencia militar tenía desde 2020 la ficha criminal de los extorsionadores en Texcaltitlán, del grupo La Familia Michoacana.
Los reportes de la Defensa Nacional indican que tenían toda la información de esa célula que en 2018 participó en el asesinato de 13 policías; en la emboscada en que mataron a dos policías en noviembre de 2021 e hirieron al fiscal de Ixtapan de la Sal; en el enfrentamiento con fuerzas federales y estatales en la comunidad de Palo Amarillo, donde murieron 11 pistoleros y otros 10 quedaron heridos.
Nada de ir por ellos. Mejor abrazos al grupo delictivo y que sigan extorsionando a los vendedores de pollo, huevo, materiales de construcción, tortillerías, floricultores y dueños de tiendas de abarrotes en Tlatlaya, Ixtapan del Oro, Luvianos, Tejupilco, Amatepec, Sultepec, Tonatico, Coatepec Harinas, Almoloya de Alquisiras y Texcaltitlán (nota de la reportera Claudia González, El Universal de ayer).
Luego ocurrieron los hechos sangrientos en el municipio de Texcaltitlán, con 14 muertos, cuando los campesinos no lograron una rebaja en la cuota de extorsión impuesta por el cártel y decidieron defenderse por propia mano ante la parálisis cómplice del gobierno federal.
Después de la masacre el Presidente envió a la Guardia Nacional, en lugar de hacerlo antes para evitarla. La reacción presidencial fue acompañada luego de sus hirientes palabras, dichas en la región azotada por el grupo criminal: “Estamos bien y de buenas”… “tenemos que combatir la extorsión entre todos”.
Y contra el crimen organizado nada de mano dura, sino el cuento de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, mientras se expande por el país la mancha de pueblos fantasma, por el éxodo derivado de la violencia.
Lo que vimos en Texcaltitlán y en esa región del Estado de México, Guerrero y Michoacán, se vive en gran parte del territorio nacional por la estrategia deliberada de cooptar a los grupos criminales para la causa electoral del obradorismo.
El precio es muy elevado. No se puede jugar a ser amigos de los cárteles porque en lugar de que el gobierno los controle, al final es a la inversa.
Los narcos han usado al gobierno para apropiarse –por lo menos– de más de 33 por ciento del territorio nacional, como lo informó ante comisiones del Congreso de Estados Unidos el general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte, hace casi tres años (VanHerck ha venido a México posteriormente y no se ha retractado).
Cuando la próxima presidenta de la República decida recuperar la soberanía donde ahora la tiene el narco, va a ser demasiado tarde.
Esa será la peor herencia que recibirá adherida a la banda presidencial. Y no fue una ocurrencia. (El Financiero)
