Las reformas a este poder en México emularían a las de Bukele en El Salvador o a las que existen en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia para controlar a ese órgano estatal
San José. – Por carecer de independencia judicial, Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Bolivia emergieron como los regímenes autoritarios de izquierda y derecha en América Latina y el Caribe en el siglo XXI.
Los cinco emularon a las dictaduras—de Augusto Pinochet en Chile de 1973 a 1990, Alfredo Stroessner en Paraguay de 1954 a 1989, Rafael Trujillo en República Dominicana de 1930 a 1961, de las familias Duvalier en Haití de 1957 a 1986 y Somoza en Nicaragua de 1934 a 1979 y de los militares de Argentina de 1976 a 1983, Guatemala de 1954 a 1986 o Panamá de 1968 a 1989—que gobernaron a su antojo y sin contrapesos institucionales. Otras dictaduras regionales del siglo XX usaron esa receta.
Aunque las amenazas a la separación de poderes proliferaron en el área, la pérdida de independencia judicial sí se consiguió desde 1959 en Cuba, 1999 en Venezuela, 2007 en Nicaragua, 2011 en Bolivia y 2021 en El Salvador.
La polémica resurgió con las reformas judiciales presentadas este año por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y avaladas por su correligionaria y sucesora, la presidenta electa mexicana, Claudia Sheinbaum.
Entre otras variantes enviadas por López Obrador en febrero pasado al Congreso de México, se propuso elegir por voto popular a jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia, reducir sus mandatos o elegir un Tribunal de Disciplina Judicial por sufragio popular.
“El populismo organiza su estructura de poder y la eliminación de la disidencia política a través de la manipulación judicial como sucede en Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, El Salvador y ahora parece ser el caso de México”, afirmó el abogado y diplomático boliviano Jaime Aparicio, exembajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Una característica distintiva del populismo autoritario contemporáneo en América Latina y el Caribe es que, luego de ganar elecciones con amplia mayoría, buscan prorrogarse indefinidamente, apropiándose de los otros poderes, Judicial, Electoral y Legislativo, del Estado”, puntualizó Aparicio a EL UNIVERSAL desde Washington.
“Desmantelan la institucionalidad democrática mediante nuevas leyes y reformas constitucionales. De este modo, despojan a las minorías de su derecho a participar en la vida política y, a través de un sistema judicial bajo su control, persiguen a sus opositores”, añadió.
Con el triunfo en 1959 en Cuba de una revolución que transitó al comunismo, la isla fue la primera “en poner a la Constitución y a la justicia” bajo el control de la cúpula política cubana, aseveró.
En un informe de mayo anterior, la Barra Mexicana—Colegio de Abogados de México, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de la (no estatal) Universidad de Stanford, de California, y el Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, influyente foro de análisis de Washington, alertaron del riesgo de perder la independencia judicial en México. Una copia del estudio está en poder de este diario.
Al recordar que, en América, sólo Bolivia y Estados Unidos “utilizan elecciones judiciales” o el voto ´popular “para seleccionar a juezas y jueces de tribunales con jurisdicción constitucional”, recalcó que “la experiencia de estos dos países confirma que las elecciones judiciales comprometen la independencia y la imparcialidad judicial”.
“La independencia judicial siempre ha estado en peligro en América en las últimas décadas”, subrayó el abogado constitucionalista panameño Miguel Antonio Bernal, catedrático de la Facultad de Derecho de la (estatal) Universidad de Panamá.
“Pese a los esfuerzos ingentes en distintos países para alcanzar mayor autonomía, transparencia y rendición de cuentas del Poder Judicial, los embates contra ese órgano nunca faltan y, en particular, de aquellos gobiernos que, por la estructura de su Estado, tienen inclinaciones de carácter autoritario o autocrático”, planteó Bernal a este diario desde Panamá.
“Las viejas intenciones de algunos de querer todavía asfixiar más a la independencia judicial perjudican notoria y notablemente a los ciudadanos, a sus garantías judiciales y a sus libertades democráticas, por las que tenemos la obligación de luchar. Violan convenios internacionales sobre la independencia judicial”, señaló.
“De un borde a otro de América debemos repudiar cualquier intento de retorcer, controlar, amputar, decapitar la necesaria independencia del órgano judicial, que es el llamado a velar por las libertades y las garantías de todos los hombres y mujeres para lograr una mayor y mejor igualdad ante la ley”, destacó.
Bolivia realizó ese tipo de comicios en 2011 y 2017, por lo que una nueva consulta en las urnas debió realizarse en 2021. “Los jueces del Tribunal Constitucional bloquearon las elecciones judiciales y ellos mismos se auto–prorrogaron. Es una vergüenza. Debieron llamar a elecciones y no lo hicieron para no perder el control del Poder Judicial”, describió Aparicio, al insistir que ese ocurrió “con apoyo” del gobierno del presidente de Bolivia, Luis Arce.
“El Tribunal, aliado de Arce, es el órgano más poderoso hoy en Bolivia”, ratificó.
Bolivia, Cuba, Venezuela y Nicaragua se afianzaron como el núcleo duro de la izquierda americana. Al amparo de sus alegatos socialistas o comunistas, los cuatro argumentaron que las instancias revolucionarias judiciales privilegiaron los intereses populares.
Electo para un primer quinquenio en 2019 y reelecto bajo cuestionamiento en 2024 para un segundo, el presidente de El Salvador, el derechista Nayib Bukele, asumió control total en 2021 sobre los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.
Una vía similar adoptó, a partir de 2007, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para captar el monopolio de poder en ese país. Luego de asumir por victoria electoral en 1998 en Venezuela, el régimen venezolano acaparó progresivamente los mandos institucionales.
En las cinco naciones, la clase gobernante consolidó el nexo con las fuerzas militares y policiales.
