El primer año de la segunda administración de Trump será recordado por sus políticas migratorias agresivas y radicales. Estamos ante un presidente que ha tomado medidas como limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento y deportar a migrantes e incluso a ciudadanos considerados “incómodos”, sin un debido proceso. Esta estrategia ha llevado al límite al sistema jurídico, pero también ha desencadenado un creciente hartazgo en la población, marcando así un punto de inflexión en su segundo mandato.
El viernes pasado, California fue testigo de una serie de redadas llevadas a cabo por agentes migratorios federales. Acudieron a escuelas y centros de trabajo para detener a personas que, supuestamente, ya habían sido deportadas y habían regresado al país. Ante ello, la población reaccionó con preocupación, se organizó y salió a las calles para protestar por las detenciones. Esto provocó un enfrentamiento directo entre agentes federales y ciudadanos, dando lugar a una serie de protestas en el centro de Los Ángeles. De acuerdo con la oficina de la Fiscalía General, hubo al menos 100 personas detenidas, y en apariencia, el ambiente se había calmado.
Sin embargo, al día siguiente se reportó que habría otra redada en una sucursal de Home Depot a pocos kilómetros del centro. Diversos grupos activistas acudieron al lugar para manifestarse y expresar su rechazo a las detenciones. Las movilizaciones se salieron de control y derivaron en un enfrentamiento más violento entre manifestantes y agentes federales. Por la tarde, las autoridades comenzaron a dispersar las protestas con gases lacrimógenos. Mientras tanto, el gobernador Gavin Newsom sostuvo una llamada con el presidente Donald Trump, quien propuso desplegar a la Guardia Nacional. Newsom advirtió que esta decisión solo empeoraría la situación.
El presidente republicano ignoró las recomendaciones del gobernador demócrata y emitió una orden para federalizar a la Guardia Nacional, desplegando a 2,000 de sus integrantes. Esta acción es muy inusual, ya que la Guardia Nacional opera normalmente bajo el mando de los gobernadores. Si bien el presidente puede asumir el control en circunstancias excepcionales, estas medidas suelen tomarse en coordinación con los gobiernos estatales. La decisión de Trump es inédita, aunque ya había amenazado con hacerlo durante su primer mandato, cuando propuso utilizar a la Guardia Nacional para reprimir protestas y ejecutar políticas migratorias.
Este lunes, el gobierno de California presentó una demanda contra la administración Trump, argumentando que el presidente “eludió ilegalmente” al gobernador Newsom al colocar a las tropas bajo control federal sin su consentimiento. Las tropas fueron desplegadas para proteger propiedad y personal federal, amparándose en una ley que permite al presidente movilizar a la Guardia Nacional durante una “rebelión”. No obstante, la demanda sostiene que esta ley no aplica al contexto actual de protestas por las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El documento también señala que el uso de las fuerzas de la Guardia Nacional ha generado “miedo y terror” e “intensificado las tensiones con los manifestantes y los residentes”. Además, afirma que la policía local ha sabido contener eficazmente cualquier brote de violencia.
Mientras todo esto ocurría, Trump avivó aún más el conflicto al ordenar el despliegue de 700 marines para apoyar a la Guardia Nacional en Los Ángeles. Incluso, ha sugerido que el gobernador Newsom debería ser arrestado y ha publicado una serie de mensajes en redes sociales criticándolo duramente. Newsom, por su parte, también le ha respondido.
Estas acciones por parte del presidente rompen con los pilares de una democracia constitucional que debería estar gobernada por autoridades civiles, no militares. Trump está utilizando la fuerza militar para silenciar a quienes se oponen a sus políticas, las cuales afectan a miles de personas y vulneran la Constitución y las leyes. Su administración está haciendo un uso irresponsable del poder que le ha conferido la ciudadanía y ha violado en múltiples ocasiones el Estado de derecho. En este caso, pretende gobernar mediante el control militar y la represión.
Ibrain Hernández
(El Universal)
