AGENDA CIUDADANA
La ceremonia que tuvo lugar el pasado 22 de junio en la mayor instalación del ejército mexicano -el Campo Militar No. 1- tiene varios significados e implicaciones que conviene resaltar. Los medios y redes sociales se concentraron en la controvertida idea del secretario de la Defensa de reconciliar a reprimidos y represores de la “guerra sucia”. Idea expuesta justo en la instalación que en el pasado sirvió como prisión clandestina y destino último de algunos de esos prisioneros políticos. Los deudos de esas víctimas se niegan a equiparar su pérdida con la de los deudos de los militares caídos en las operaciones de represión. Sin embargo, en la ceremonia hubo otros elementos que deben resaltarse.
El motivo formal del evento fue activar la comisión creada por decreto en octubre de 2021 para dar una respuesta al reclamo de esa parte de la sociedad que se identifica con la causa de quienes, en la atmosfera generada por la lucha contra el “enemigo interno” propia de la Guerra Fría, fueron objeto de la persecución sistemática por ser activistas de izquierda y que pagaron con su libertad, su tortura o incluso su vida, la decisión de enfrentar al régimen autoritario ya fuese con movilizaciones o con la violencia revolucionaria. La idea de la Comisión de Acceso a la Verdad por Violaciones a los Derechos Humanos 1965-1990, es hacer patente la ruptura del gobierno actual con un pasado que el subsecretario de Gobernación y presidente de la CAVVDH, Alejandro Encinas, ha calificado de doloroso pero que en realidad merece un calificativo más contundente: el de criminal.
Los métodos adoptados por la maquinaria represora de ese régimen para anular a los opositores a un régimen que sistemáticamente cargó los dados en los proceso electorales y judiciales, que disolvió con violencia extrema movilizaciones como las de 1968 y 1971 puso en prisión y llevó a cabo juicios amañados de opositores y que uso contra ellos la tortura y la desaparición temporal o permanente. Esa maquinaria estuvo conformada por elementos de la Dirección Federal de Seguridad, de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, por policías estatales, el Estado Mayor Presidencial, el ejército y la armada.
El presidente Andrés Manuel López Obrador considera que la transición a la democracia requiere de la apertura plena de los archivos que guardan la ya no muy secreta memoria de los objetivos y métodos de la represión en la época del PRI y de la guerra sucia. La maquinaria represiva tuvo como meta acallar o eliminar a enemigos cuya peligrosidad no residía en sus armas o su número -no tenían muchas ni eran muchos- sino en la radicalidad de sus planteamientos y métodos. Y es que movilizar sin permiso para exigir democracia y rechazar el juego de la cooptación -instrumento muy usado para neutralizar a inconformes susceptibles de cambiar su orientación- era simplemente atacar el corazón del régimen.
La importancia de los archivos de la guerra sucia -que suman ya ¡180 millones de fojas! según dijo el subsecretario Encinas-, reside en que quienes redactaron esos reportes nunca supusieron que serían leídos por quienes no fueran parte de la represión. Su objetivo fue dar forma a un discurso político que justificara los actos claramente criminales de quienes los redactaron, (Camilo Vicente Ovalle, Tiempo suspendido, 2019).
Si el presidente finalmente logra vencer toda la resistencia de las instituciones que participaron en los crímenes de Estado y lleva la luz a sus catacumbas, habrá dado un gran paso para evitar que el poder político en México se vea tentado a repetir una historia que nunca debió ocurrir.
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