ANÁLISIS: Con el nuevo proyecto de ley de gastos que impulsa una importante expansión del muro fronterizo, los obispos advierten que aumentará el sufrimiento y piden una reforma integral.
El Congreso de Estados Unidos, tras mucho debate y retraso, ha aprobado un extenso proyecto de presupuesto, conocido coloquialmente como el “gran y hermoso” proyecto de ley. Entre otros gastos, el proyecto destina aproximadamente 46,5 millones de dólares a nuevos segmentos del muro fronterizo, junto con otros aproximadamente 120 mil millones para infraestructura del Departamento de Seguridad Nacional y de aplicación de la ley migratoria, incluyendo la expansión de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Actualmente, aproximadamente 1.137 kilómetros de los cerca de 3.145 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México están cubiertos por un muro, una cerca u otra forma de barrera, incluyendo partes del río Grande.
El nuevo proyecto de ley asignaría fondos para una expansión significativa que comprende 1.128 kilómetros de muro primario, 1.012 kilómetros de cercas secundarias paralelas, 227 kilómetros de barreras para vehículos y peatones, y 1.448 kilómetros de barreras fluviales, similares a las desplegadas por Texas en el río Grande en 2023.
Los partidarios presentan la asignación de fondos como una fase más concreta en la respuesta del presidente Donald Trump a un problema de décadas en la frontera sur con México. Mientras tanto, los críticos ven una estrategia basada únicamente en la aplicación de la ley que trata a las personas vulnerables como problemas a ser aislados con muros.
Entre estos últimos se encuentran varios obispos católicos cuyas declaraciones recientes, aunque surgen de experiencias diocesanas y realidades prácticas diferentes, convergen en un juicio moral central: una política que previsiblemente aumenta el sufrimiento humano es contraria tanto al Evangelio como a la doctrina social de la Iglesia sobre la dignidad y los derechos humanos.
El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2241, afirma el derecho de una nación a regular sus fronteras y salvaguardar las comunidades dentro de ellas, cuando dice: “Las autoridades civiles… pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas”.
Según el Catecismo, las naciones también pueden exigir que los inmigrantes cumplan ciertos deberes y leyes cívicas, cuando enseña: “El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas”.
Sin embargo, la enseñanza católica va más allá de esto. El Catecismo también afirma: “Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben”.
La disuasión por el peligro es inmoral
El 26 de junio, los cardenales Robert McElroy de Washington D.C., y Joseph Tobin de Newark, Nueva Jersey, se unieron a otros 18 obispos y numerosos líderes religiosos en la firma de una carta instando al Congreso a rechazar la medida, advirtiendo que el muro “empujará a los migrantes a las regiones más remotas de la frontera y provocará un aumento en las muertes de migrantes”.
La nueva carta reitera que un muro “dañaría el medio ambiente local… y obligaría a los solicitantes de asilo desesperados… a depender cada vez más de traficantes de personas”. La principal preocupación es el desplazamiento fatal que seguramente seguirá.
En una entrevista con CNN el 3 de julio, el Cardenal McElroy fue aún más enfático.
“Es correcto poder controlar nuestras fronteras. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora es algo mucho más allá de eso”, dijo el cardenal. “Es una deportación masiva e indiscriminada de hombres, mujeres, niños y familias que literalmente destroza familias y está destinada a hacerlo”.
“Esto no sólo es incompatible con la enseñanza católica; es inhumano y moralmente repugnante”, añadió.
Eco del obispo Seitz
Las preocupaciones urgentes del Cardenal McElroy reflejan lo que el obispo Mark Seitz de El Paso, Texas, presidente del Comité de Migración de los obispos estadounidenses, declaró en 2023.
“Hemos estado durante mucho tiempo en contra de la construcción de un muro que abarque toda la frontera entre Estados Unidos y México, especialmente por los peligros que representa para la vida humana y el medio ambiente”.
En 2023, los obispos calificaron la anterior Ley de Seguridad Fronteriza, que tenía disposiciones paralelas para la detención y criminalización, así como fondos para un muro fronterizo, como “incompatible con la doctrina social católica” e inconsistente “con el compromiso ampliamente bipartidista de nuestra nación con la protección humanitaria”.
El obispo Seitz concluyó: “Ninguna combinación de vías legales o medidas estrictas de aplicación será suficiente… Sólo… abordando las causas fundamentales y promoviendo el desarrollo humano integral en toda América, junto con una reforma de nuestro sistema migratorio, podremos lograr las condiciones necesarias para reducir de manera sostenible la migración irregular”.
Obispos de Colorado y Arizona se pronuncian
De manera similar, los obispos de Colorado, si bien condenaron una política de fronteras abiertas, señalaron que esperar la aprobación de solicitudes de inmigración temporales o permanentes “toma años y es costoso”, lo cual “no es propicio para las familias que necesitan migrar rápidamente para sostener sus vidas”. Animaron a los funcionarios del gobierno a “acoger al extranjero” así como a asumir la responsabilidad de “garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades locales”.
Dos obispos de Arizona, John Dolan de Phoenix y Edward Weisenburger, anteriormente de Tucson pero ahora pastor de Detroit, también expresaron su “grave preocupación” por el “maltrato de personas indocumentadas que son nuestros vecinos” a finales de 2024. Se unieron a un grupo de 10 líderes cristianos para publicar una columna en el periódico AZ Central, en la que afirmaron: “Si bien reconocemos el derecho legítimo de las naciones a monitorear y controlar sus fronteras, también reconocemos que, en muchos aspectos, nuestras leyes migratorias actuales en Estados Unidos no respetan los derechos de las personas a una vida digna, la unidad familiar y la seguridad”.
Fronteras seguras y cuidado del inmigrante
El Cardenal Timothy Dolan de Nueva York ya se había pronunciado a principios de año, calificando a Estados Unidos como una “nación con un orgulloso legado de acogida a los inmigrantes” que también “necesita fronteras seguras y protegidas”. Al mismo tiempo, insistió en que la Iglesia “no debe ser criticada por simplemente obedecer la Biblia y cuidar de esos inmigrantes” que buscan navegar lo que él calificó como un sistema migratorio “torpe y fracturado”.
El Arzobispo de Los Ángeles, Mons. José Gomez, enmarcó el proyecto de ley dentro de una política propensa a instrumentalizar y deshumanizar a los más vulnerables. En un ensayo publicado el 17 de junio en Angelus News, escribió: “Podemos estar de acuerdo en que la administración anterior en Washington fue demasiado lejos al no asegurar nuestras fronteras y permitir que demasiadas personas ingresaran a nuestro país sin ser examinadas. Pero la administración actual no ha ofrecido ninguna política migratoria más allá del objetivo declarado de deportar a miles de personas cada día. Esto no es una política, es un castigo, y sólo puede resultar en resultados crueles y arbitrarios”.
El arzobispo Gomez señaló en su artículo de opinión: “La última reforma de nuestras leyes migratorias fue en 1986”. Añadió: “Es hora de una nueva conversación nacional sobre inmigración, una que sea realista y haga las distinciones morales y prácticas necesarias”.
El mismo día de la carta interreligiosa, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) se dirigió directamente a los senadores. Una carta del arzobispo Timothy Broglio, presidente de la conferencia, se basa en una carta de mayo y ofrece una respuesta más matizada que la de los 20 obispos que firmaron la carta interreligiosa. Elogia partes del proyecto de ley, como sus disposiciones que “apoyan la elección de los padres en la educación” y los recortes a la financiación federal de Planned Parenthood, pero también ofrece una fuerte crítica a las partes del proyecto que “perjudican a los pobres y vulnerables”, como los recortes a los programas de asistencia alimentaria y atención médica.
En una declaración que acompaña la carta, el arzobispo Broglio dijo que el proyecto de ley “quita a los pobres para dar a los ricos… y no protege a las familias al promover un enfoque exclusivamente represivo de la inmigración”.
El desafío de la inmigración
Tres obispos del estado fronterizo de Nuevo México sumaron sus voces a las de sus hermanos en el episcopado. En su carta, el arzobispo John Wester de Santa Fe, el obispo Peter Baldacchino de Las Cruces y el obispo James Wall de Gallup señalan que el sistema migratorio estadounidense está actualmente “roto y necesita reforma”, y agregan que “muchos que llegan a nuestra nación se ven obligados a migrar debido a la opresión y la persecución [como]… víctimas de traficantes, tratantes de personas y cárteles de la droga. Sufren graves dificultades económicas y simplemente quieren mantener a sus familias con dignidad”.
Dado que el pilar preeminente de la doctrina social católica es la dignidad de la persona humana, los obispos denuncian por tanto un plan para deportar en masa a quienes han “construido vínculos en nuestras comunidades y no representan una amenaza… a los principios humanitarios y a nuestro interés nacional”. Además, instan a los legisladores a priorizar “negociaciones bipartidistas para reparar el sistema migratorio de Estados Unidos”.
En 2019, en Brownsville, Texas, se planeaba que una sección propuesta del muro atravesara propiedad diocesana. El obispo de Brownsville, Daniel Flores, dijo al Wall Street Journal en términos contundentes: “No quiero usar la propiedad de la Iglesia para decir que, sin importar cuán desesperada sea tu vida, no puedes ser recibido aquí… El gobierno tendrá que tomar la tierra. La Iglesia no se la va a dar”. El muro, insistió, obstaculizaría el ministerio de la Iglesia y su testimonio de Cristo refugiado.
Los obispos dejan claro que la seguridad fronteriza y la dignidad humana no son objetivos opuestos, sino responsabilidades complementarias. Si bien la postura oficial de la USCCB es de oposición a un muro fortificado en nuestra frontera sur, los obispos de Estados Unidos apoyan la aplicación humana de las leyes nacionales, respetando los derechos de los migrantes. Llaman al Congreso a reformar lo que durante mucho tiempo se ha considerado un sistema fracturado, dejando intactas muchas de las causas fundamentales de la inmigración.
Si el Congreso escucha ese consejo, determinará no sólo el destino de millones, sino también su credibilidad moral en los años venideros.
Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.
