La poca simpatía del Presidente por órganos autónomos o tribunales que sentencian con criterios diferentes a los suyos ha generado en él expresiones candorosas sobre el sistema.
Los sistemas democráticos modernos tienen como uno de sus pilares la división de poderes. El Poder Ejecutivo es el encargado de las políticas y la administración pública; es encabezado usualmente por presidentes o primeros ministros, y es quizás el de mayor visibilidad global.
No obstante, está constreñido por un marco legal cuyo cumplimiento está a cargo de otro de los poderes: el Judicial. Los ministros, magistrados y jueces que se encargan de la aplicación de la ley, son los responsables de que exista eso que genéricamente se denomina: el Estado de Derecho, en el que ciudadanos y autoridades funcionan bajo ciertas normas acordadas por el tercero de los poderes: el Legislativo. Los Congresos, Parlamentos y Cámaras son los responsables de la confección de las leyes, desde las más básicas, como las constituciones nacionales, hasta la legislación secundaria.
A esta gran división de poderes, en los sistemas federales, además, se suma la separación de poderes entre la Federación, que representa al Estado-Nación y las entidades que la componen, se denominen estados, provincias o de cualquier otra manera. A veces, los estados tienen un amplio margen de autonomía respecto a la Federación. Y, en las décadas recientes, además de esta tradicional división de poderes, han surgido los llamados órganos autónomos, que, bajo las normas constitucionales, tienen a su cargo determinadas tareas, a veces técnicas, a veces políticas, con relativa autonomía respecto a los tres poderes tradicionales.
El caso más general son los bancos centrales, que dejaron de ser apéndices de los ministerios de Finanzas o de Hacienda, para convertirse en entes autónomos. Organismos dedicados a temas como telecomunicaciones, competencia, salud o estadística, están frecuentemente entre los que tienen autonomía. En pocos países, México uno de ellos, los organismos encargados de la organización de los procesos electorales también cuentan con esa autonomía.
La desconfianza de la ciudadanía y resultados electorales controvertidos condujeron a la formación del órgano electoral autónomo, hoy denominado INE. Todo este entramado institucional y legal se ve complejo, y lo es. Pero es así como se asegura que existan los mecanismos denominados “check and balance”, pesos y contrapesos, que en buena medida permiten que los sistemas democráticos funcionen. Esto hace realidad aquella afirmación atribuida a Winston Churchill que señaló que la democracia es el peor sistema político… con excepción de todos los demás.
En México, algunos pensamos que la construcción de una democracia moderna es algo muy reciente. Comenzó apenas en la década de los 90, cuando se estableció un órgano electoral autónomo; cuando por primera ocasión el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados; cuando ocurrió una reforma judicial que realmente convirtió a la Corte en un poder autónomo; cuando se dio autonomía al Banco de México y claramente, cuando se dio la primera alternancia en la presidencia de la República.
No es la opinión que ha expresado muchas veces el Presidente López Obrador, quien ha señalado que toda esta etapa que caracteriza como “neoliberal” alejó al gobierno de los ciudadanos y propició la corrupción. Es bien sabida la escasa simpatía del Presidente de la República por los órganos autónomos o por los tribunales que sentencian con criterios que son diferentes a los suyos.
El Presidente ha tenido algunas expresiones candorosas que dejan ver sus creencias profundas respecto a un sistema democrático como el que describimos antes.
Una muy célebre fue aquella en la que dijo: “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, aludiendo a que desestima que el Poder Judicial dicte sus sentencias sobre la base del Estado de Derecho vigente.
En su primera conferencia mañanera del mes septiembre, tras ofrecer su mensaje político con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, volvió a incurrir en ese tipo de expresiones cuando admitió que se equivocó al proponer a cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia, que lo han decepcionado. Señaló que, al asumir su cargo como ministros, cambiaron de parecer y ya no están pensando en el “proyecto de transformación” sino que han actuado más en términos de mecanismos jurídicos.
Confesó el Presidente que calculó que al proponer a ministros que suponía que iban a estar con su proyecto político y los que ya estaban en la Corte y simpatizaban con él podría conseguir una mayoría en sus integrantes.
En otras palabras, el Presidente confesó que intentó, sin lograrlo, conseguir una mayoría en el Poder Judicial, para tener control sobre los mecanismos constitucionales en el país. Tener el control de la Corte era muy importante a partir de que el Presidente careció desde el comienzo de su gobierno de la mayoría constitucional en la Cámara de Senadores y tras las elecciones del 2021, también la perdió en la Cámara de Diputados.
Ante las dificultades para realizar las reformas constitucionales que le dieran continuidad a su proyecto, era muy importante que la Corte estuviera de su lado.
La reforma legal para convertir a la Guardia Nacional en parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que espera que sea aprobada en las dos cámaras del Congreso, a pesar de ser violatoria del artículo 21 Constitucional, será cuestionada y en los siguientes meses, tal vez en el curso del 2023, llegará a la Corte, la cual eventualmente la rechazará, tal y como se interpreta en las prevenciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Quizás por lo dicho, la continuidad del gobierno de Morena tratará de ser apuntalada a partir de reconfigurar a las autoridades electorales, y particularmente el Instituto Nacional Electoral (INE), que tendría que renovar a cuatro de sus integrantes en abril de 2023.
Como el mecanismo definido por la Constitución requiere una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, de la cual Morena carece, empieza a parecer cada vez más probable la idea de que el partido del Presidente no va a proceder con dicha renovación y dejará incompleto al INE, además de continuar recortándole recursos.
Una autoridad electoral debilitada tendrá menos capacidad para establecer reglas del juego e imponer sanciones que limiten la capacidad de Morena para ganar la presidencia en 2024 y obtener nuevamente las mayorías calificadas en el Congreso.
Así como hace pocos días el Presidente López Obrador confesó haberse equivocado al designar ministros de la Corte que no le fueron incondicionales, probablemente… no quiera correr el riesgo de que le suceda lo mismo con los nuevos consejeros electorales. (El Financiero)
