Oaxaca de Juárez.- Asambleas de comunidades indígenas y organizaciones sociales de Oaxaca se sumaron al pronunciamiento en contra de “la militarización del país”, tras las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, con las que la Guardia Nacional queda bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En el documento, reclaman que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se ha encargado de tratar de limpiar la imagen de las Fuerzas Armadas diciendo que “son pueblo”, y porque recientemente declaró que cambió de opinión sobre la permanencia del Ejército, Fuerza Aérea y Marina en la vida civil.
Para las organizaciones civiles, no se trata de un simple cambio de opinión sino de una decisión del Presidente en contra de la voluntad popular que lo eligió, “que entre otras cosas votó por él esperando que actuara para pacificar el país, frenar los megaproyectos en contra de las comunidades y acabar con la militarización”.
Esto, dijeron, es un acto en contra de la Constitución y del gobierno civil. Además, sostienen que la legalización de la presencia de militares en la vida civil se realiza desde una perspectiva meramente electoral.
En el pronunciamiento, recordaron que las fuerzas armadas participaron en represiones violentas contra Atenco en los años 2002-2006; contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y contra los mineros en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en 2006; ocuparon pueblos como Xoxocotla, Morelos en 2008, y Nochixtlán, Oaxaca en 2016.
También señalaron a las fuerzas armadas de ejecutar la toma armada y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro en 2009, para despojar de su fuente de trabajo a los electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de asediar a las comunidades Aquila, Ostula y Cherán en Michoacán.
“Hostigan constantemente a organizaciones populares de Guerrero como al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al Proyecto Presa La Parota, la Organización Campesina de la Sierra del Sur y tantas otras agrupaciones. Participaron en la desaparición forzada de los Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán, Guerrero.
“Ocupan territorios de comunidades en Chiapas como parte de una guerra contra las comunidades zapatistas desde 1994. Persiguen e intimidan a familiares que buscan a sus desaparecidos. Son responsables de la creación de grupos paramilitares que actúan contra la población. Operan subordinadas a Estados Unidos para contener a personas migrantes de otros países.
“Han sido actores principales de diversas represiones y persecuciones contra integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, entre ellas el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa en 2012 y los ignominiosos hechos de terror en contra de los 43 estudiantes de esa misma escuela en 2014”.
Entre las organizaciones civiles de Oaxaca que se sumaron a este pronunciamiento se encuentran la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas -Oaxaca.
