Entre las polémicas también están la situación de las garantías individuales y el trato a la comunidad LGBT
Bruselas.— El Mundial de Futbol de Qatar será recordado como uno de los torneos más controvertidos en la historia y no precisamente por lo que ocurra en las canchas del pequeño país.
Desde la asignación del campeonato la polémica ha perseguido a la nación que goza del cuarto ingreso per cápita más alto del mundo. Su nombramiento para albergar la final tuvo lugar en medio de acusaciones de corrupción, las cuales más tarde serían confirmadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, país que perdió la candidatura a organizar el torneo en 2022.
Tras años de investigación, la fiscalía estadounidense concluyó que representantes que trabajaban para Rusia y Qatar sobornaron a funcionarios de la FIFA para asegurar los derechos de las Copas de 2018 y 2022.
Otra controversia que empañó la nominación tiene que ver con los derechos laborales. Los 350 mil ciudadanos de la monarquía se benefician de múltiples derechos, como educación y atención médica gratuita, empleo virtualmente garantizado y bien remunerado. Lo que no es el caso de la comunidad migrante, la cual representa alrededor de 85% de los casi 3 millones de habitantes. A diferencia del pequeño porcentaje de expatriados de Occidente y otros Estados del Golfo, los migrantes asiáticos y africanos viven y trabajan en duras condiciones. Cerca de un millón están empleados en la construcción y 100 mil en trabajos domésticos.
Para hacer realidad la fiesta deportiva, se echó mano de un millón de trabajadores migrantes, cuyas condiciones de empleo fueron objeto de crítica internacional. En 2013, en una carta dirigida al entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) daba cuenta de la muerte de más de 350 trabajadores involucrados en la edificación de la infraestructura mundialista a partir de 2010. Una década después, esa ONG, con sede en París, estima que más de 6 mil 500 personas fallecieron en las obras de construcción a causa de las condiciones laborales, versión negada por las autoridades locales. En la ruta hacia la justa deportiva, Qatar introdujo importantes cambios legales para mejorar la situación de los trabajadores: en 2018 y 2020 eliminó sucesivamente la necesidad de que los trabajadores, en la mayoría de los casos, tengan previamente que obtener un permiso para salir del país. Un año más tarde adoptó nuevas reglas para brindar protección a los trabajadores ante las temperaturas extremas.
Las medidas fueron acogidas con satisfacción por las instituciones de la Unión Europea (UE) que previamente habían calificado las condiciones laborales como “deplorables”, pero organizaciones de derechos humanos insisten en que las acciones adoptadas fueron insuficientes y tardías.
“Desde 2018, las autoridades de Qatar han implementado medidas para proteger a los trabajadores del robo de salarios y mejorar el acceso a la justicia, pero no cubren a todos los trabajadores ni abordan los abusos en los años anteriores al establecimiento de los sistemas”, indica Amnistía Internacional. “Aún persisten brechas significativas en la implementación y el cumplimiento. Por ejemplo, los trabajadores que ya se fueron de Qatar no pueden acceder a los comités laborales y al fondo establecido para pagarles cuando sus empleadores no lo hacen”. La asignación mundialista también se vio eclipsada por un contexto de violación sistemática de los derechos humanos. Las denuncias de hace 10 años aún persisten. “Además del desprecio por los derechos humanos de los trabajadores, las mujeres en Qatar todavía están sujetas a muchas formas de discriminación, particularmente con respecto al sistema de tutela al que se someten”, denuncia la FIDH.
Señala que las mujeres deben tener el permiso de sus tutores hombres para casarse, estudiar en el extranjero con becas estatales, trabajar en diversos empleos públicos, viajar al extranjero y recibir atención de salud reproductiva. “Las trabajadoras domésticas se ven particularmente afectadas por las malas condiciones de trabajo. Las personas LGBTQIA+ se enfrentan a la represión”.
El país castiga hasta con 10 años de prisión las relaciones entre personas del mismo sexo.
La FIDH sostiene que la homosexualidad está tipificada como delito, el Código Penal establece una pena de hasta siete años de prisión para las relaciones entre personas del mismo sexo. Los defensores de las garantías individuales están sujetos a medidas represivas. En caso de incomodar al sistema, corren el riesgo de prohibiciones de viaje, desaparición forzada o aun detención arbitraria.
De acuerdo con el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, el emir tiene toda la autoridad Ejecutiva y legislativa, y controla el Poder Judicial. Los expatriados, trabajadores migrantes y algunos residentes apátridas no tienen derechos políticos ni oportunidades electorales.
Otro tema controversial ha sido el clima. La nación gobernada desde 1867 por la familia Al Thani construyó siete estadios, un nuevo sistema de Metro, carreteras, hoteles y una ciudad futurista. Las autoridades prometieron que sería el primer Mundial “neutral en carbono” con un impacto insignificante en el clima. “Sin embargo, nuestra investigación sobre la evidencia disponible arroja serias dudas sobre esta afirmación, que probablemente subestima los niveles reales de emisiones y el impacto climático del torneo”, indica la ONG Carbon Market Watch, con sede en Bruselas. El documento, encabezado por Gilles Dufrasne, señala que la forma como se publicita el torneo en materia climática no es un ejercicio inofensivo, engaña a jugadores, aficionados, patrocinadores y al público, haciéndoles creer que su participación en el evento no tendrá costo alguno para el clima.
Reporta que sólo el impacto total de los estadios construidos podría estar subestimado por un factor de ocho, equivaldría a 1.6MtCO2e, en lugar de los 0.2MtCO2e que reportan los documentos oficiales entregados a la FIFA. En el transcurso de los años, el máximo órgano rector del futbol ha respondido a los críticos diciendo que el torneo ha llevado al gobierno de Qatar a promover reformas laborales y de bienestar social sin precedentes. Su director Gianni Infantino, y la secretaria general, Fatma Samoura, enviaron una carta a las asociaciones de los 32 equipos clasificados, pidiéndoles pasar página y “centrarse en el futbol”.
“Reconocemos y acogemos con beneplácito que Qatar haya logrado un progreso significativo, particularmente en lo que respecta a los derechos de los trabajadores migrantes”. “Sin embargo, abrazar la diversidad y la tolerancia también significa apoyar los derechos humanos. Los derechos humanos son universales y se aplican en todas partes”, respondieron 10 asociaciones europeas de futbol en misiva en la que se exige a la FIFA tomar medidas más enérgicas.
Francesco Siccardi, analista del think tank Carnegie Europe, dice que la FIFA ha venido tratando de reconstruir su credibilidad sobre principios éticos por razones financieras, porque el escándalo de soborno, fraude y lavado de dinero de 2015, ahuyentó a muchos patrocinadores: “Calificar la Copa Mundial de Qatar como un torneo justo y sostenible ha sido una forma de asegurar a los patrocinadores y al público que el producto que están comprando cumple con los más altos estándares éticos, pero puede que sea sólo eso: una marca”.
