Pese a que ilícito está tipificado desde 2020, no hay estadísticas sobre su incidencia, pues casos no se contabilizan como tal, acusa diputada; persiste dinámica machista, dice
Guadalajara.— Aunque la violencia política contra las mujeres en razón de género está tipificada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde abril de 2020, no existe una estadística confiable sobre la incidencia de este delito; ni siquiera aparece nombrado en la información sobre violencia contra las mujeres que mes a mes publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo, para dar una idea de la dimensión del problema, la diputada del partido Hagamos en Jalisco, Mara Robles, cita un estudio realizado por la Unión Interparlamentaria en 39 países durante 2016: “Ahí encontraron que 80% de mujeres legisladoras reportó haber sido objeto de agresiones sicológicas, comentarios sexistas y humillaciones; 40% de las mujeres que participan en órganos legislativos ha recibido amenazas de secuestro, lesiones, violaciones, secuestro de sus hijos durante su encargo e incluso la muerte, y una quinta parte, 20%, menciona haber sido víctima de violencia sexual. Entonces, nosotras nos damos cuenta de que en Jalisco ni siquiera existen estadísticas confiables sobre casos de violencia política”.
Integrante de Las Paritaristas, un grupo de mujeres de todas las expresiones políticas que desde 2020 luchan por la paridad, la diputada Mara Robles recuerda algunos de los casos que se han denunciado en una red de mujeres candidatas creada en la elección de 2021 y con los que Las Paritaristas se han solidarizado.
“Está la denuncia que interpuso la regidora Candelaria Ochoa, de Morena, contra el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus (MC), al final [el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco] le dio la razón a él porque consideraron que las apreciaciones [que emitió contra la regidora] habían sido generales, que no habían sido dirigidas a ella.
“Está la regidora Carla Esparza, de Morena, que es constantemente atacada en Puerto Vallarta. Denunció que el hijo del presidente municipal le había dado un sobre amarillo presuntamente con dinero para aprobar el presupuesto. En Zapotlán El Grande salió una portada de una revista con unas mujeres agarradas de la greña diciendo que serían mujeres las que pelearían por la alcaldía”, relata la legisladora.
Afirma que estos casos se minimizan, no se contabilizan o se anotan en la estadística con otras causales, por lo que ni siquiera se puede tener una estadística con la que realmente se pueda medir la gravedad de este delito.
“Lo que te quiero decir, en conclusión, es que no existen estadísticas confiables y que otros casos de violencia, tanto violencia familiar como feminicidio, son tipificados de una manera que pretenden desvirtuar y ocultar la realidad y en el caso de violencia política es aún peor”, asegura.
Otro ejemplo de violencia política y discriminación contra las mujeres en Jalisco es la forma en que durante la elección de 2021 el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aplicó una fórmula para supuestamente garantizar la paridad en los gobiernos municipales.
“En los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, en donde hay mayor número de habitantes y donde el poder adquisitivo de la gente es mayor, siempre las candidaturas las ocupan los hombres. Le dan las candidaturas a las mujeres en los municipios más pequeños y menos relevantes. En realidad, el principio de paridad que implementó el IEPC para las candidaturas, en los hechos, excluyó a las mujeres.
“Alguien decía que justo cuando nació el movimiento de Las Paritaristas nos había salido peor porque el resultado fue que no se alcanzó la paridad en los municipios del estado ya que sólo 25% es gobernado por mujeres y encontraron la manera de dejar a Guadalajara y a Zapopan con candidaturas de hombres.
“Solamente en Tlaquepaque se planteó que hubiera únicamente candidaturas de mujeres”, recuerda Mara Robles.
Reconoce que la participación de las mujeres aumentó en la política, pero ésta y sus dinámicas siguen siendo terreno machista.
“La mayoría de las mujeres estamos excluidas de esa dinámica precisamente por el rol de madres-esposas que sigue existiendo en la mayoría de las legisladoras. La dinámica de la política no considera la maternidad, no considera los cuidados y muchas veces las madres de familia que están en política se enfrentan a la imposibilidad de trabajar y cuidar a sus hijos”, dice.
Además, afirma, hay un problema de autonomía para que las mujeres puedan tomar decisiones políticas, pues constantemente los hombres las obstruyen. Un ejemplo de esto es la actual Legislatura de Jalisco donde de 38 curules, 24 son ocupadas por mujeres, pero apenas hace unas semanas pudo constituirse legalmente la llamada “bancada de mujeres”, porque un diputado se oponía a que se incluyeran los derechos sexuales y reproductivos en los temas que tratará esta bancada. “El asunto es que ese diputado tenía más poder que la mayoría de legisladoras”, señala.
Por eso —insiste— debe cambiar la forma de hacer política, pues sigue siendo un modelo organizado en función de la familia tradicional, donde los protagonistas son los hombres que disponen de horarios ilimitados para hacer política, porque detrás de ellos hay una mujer que se encarga de las tareas domésticas y la “representación” de la familia; “es decir, de brindar una imagen de decencia, responsabilidad y estabilidad”, concluye Robles.
