El objetivo fundamental debe ser impedir la destrucción de la democracia, frenar a la demolición institucional y promover la reconciliación y la reconstrucción.
En las primeras dos semanas del año hemos sido testigos del (y esta columna ha intentado documentar) derrumbe del gobierno. Habíamos anticipado que le sería imposible a López Obrador continuar engañando a todos, e incluso a la mayoría, conforme los resultados de su gestión se hiciesen evidentes. Así ha sido, y sus márgenes de maniobra se reducen rápidamente.
Sin duda, López Obrador sigue ocupando el cargo de Presidente y puede, por ejemplo, pedir a sus visitantes que le hagan el favor de aterrizar en su central avionera, o puede ordenar a la Guardia Nacional que descuide su deber para limpiarle la cara a su candidata, o puede, porque tiene mayoría en el Congreso, producir leyes a su antojo, aunque no puede modificar la Constitución y, con toda claridad ahora, no puede tampoco ir contra ella: ha perdido esa posibilidad.
Mantiene una popularidad similar a la de sus antecesores (con la excepción de Peña Nieto). Para algunos eso es sorprendente dada la mala administración; para otros, lo que sorprende es que no sea mayor debido al inmenso esfuerzo propagandístico, prácticamente la única actividad que realiza. Como sea, es un nivel normal, que no permite decisiones excepcionales.
Frente al evidente derrumbe, regresa la canción “¿dónde está la oposición?”, que hemos escuchado muchas veces. La oposición unida, gracias a la ciudadanía, impidió que Morena mantuviese su mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y gracias a ello frenó las reformas constitucionales desde 2021. La insistencia de López Obrador en ellas provocó una nueva oleada de ciudadanía, el 13 de noviembre pasado, que explica mucho del derrumbe que hoy vemos. En pocas palabras: la oposición ahí está, y cuando va unida y responde a la ciudadanía, funciona bastante bien.
Al respecto, el acuerdo al que han llegado los tres partidos que conforman Va por México es muy importante. Hay ahora candidaturas de unidad para las gubernaturas de Coahuila y Estado de México, hay claridad en lo que ocurrirá con Ciudad de México el próximo año, y se abre una oportunidad para definir la candidatura presidencial de 2024 con presencia reducida de los partidos políticos: sólo uno de ellos intervendrá.
Los partidos políticos son las únicas organizaciones que pueden participar en elecciones y, ni son muchos, ni serán jamás dechado de virtudes. Su capacidad de responder a la ciudadanía es lo que les permite tener éxito, aunque a su interior existan grupos para los que lo único relevante es el poder y los negocios. Son organizaciones humanas, producto de la sociedad en que se encuentran. Pedir más es utópico, que ya deberíamos entender es sinónimo de criminal.
Contar con candidaturas de unidad en las elecciones estatales de este año es fundamental. Será en 2023 cuando ocurran las definiciones políticas relevantes. Aunque en 2024 sea la gran elección, en ese año tendremos que concentrarnos en lograr que esa elección sea limpia y que quien pierda acepte su derrota. Todo lo demás, que es mucho, se decide en este año. Si la oposición está apostando por la unidad, es un gran avance. Que la definición de la candidatura presidencial sea esencialmente ciudadana será el paso siguiente.
Si un partido político, en este momento, rechaza la unidad, está actuando contra la ciudadanía. Inventarse “terceras vías” frente a la restauración autoritaria que representan López Obrador y Morena va más allá de lo absurdo. Lo mismo ocurre con el purismo ciudadano que, ya sabemos, tarde o temprano exige posiciones.
El objetivo fundamental debe ser impedir la destrucción de la democracia, frenar la destrucción institucional y promover la reconciliación y la reconstrucción. Para eso, se requiere unidad y participación de la ciudadanía. Y es en este año, no en el próximo. (El Financiero)
