Volvimos a la época en la que el Legislativo es un mero validador de la voluntad presidencial
La claudicación de la SCJN de conocer la posible vulneración de los principios fundamentales de la República establecidos en la Constitución en que incurre la reforma al Poder Judicial concreta el acelerado cambio de régimen que se ha operado en el país.
Con esa decisión, la Corte avaló la aberración jurídica de que los órganos reformadores de la Constitución (las cámaras del Congreso federal y los legislativos estatales), todos ellos poderes constituidos (y por lo tanto limitados), actúen como si fueran el Poder Constituyente (depositario de la soberanía popular y, por ello, el único que puede ejercer un poder absoluto).
Así se abre de par en par la puerta para que en adelante la mayoría calificada del morenismo cambie la Constitución como quiera. Si el día de mañana desea cambiar el régimen político y establecer una monarquía o bien desaparecer su carácter representativo, es libre de hacerlo; si deseara suprimir el régimen federal y establecer un Estado centralista, no tiene ninguna restricción; si pretende establecer un estado confesional, puede proceder; si desea restringir o eliminar alguno de los derechos humanos reconocidos por nuestro texto fundamental, nada se lo impide; si desea eliminar el principio de la división de la división de poderes o desaparecer a alguno de éstos, tiene luz verde. Cualquier decisión que la avasallante —e ilegal— mayoría morenista quiera tomar respecto a los contenidos de nuestra Constitución ahora puede concretarla sin problema. Insisto, lo que la SCJN avaló en el fondo es que un conjunto de órganos constituidos actúe sin ningún tipo de límites ni controles legales.
De este modo, si lo que vimos concretarse en los años 90 fue la construcción de una democracia constitucional, lo que ahora se ha consumado es la transición al autoritarismo.
Una democracia constitucional se distingue por cuatro elementos: 1) la existencia de un estado de derecho (el rule of law anglosajón), es decir, la prevalencia del derecho sobre el poder y, por ende, la restricción de éste a través de los mandatos y los límites fijados por la ley; 2) la contención del abuso del poder Estatal a través de la división de las funciones públicas en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a partir de los principios de legalidad (es decir, que el Legislativo, al ser responsable de emitir la ley, se encuentra en una posición de preeminencia sobre los otros dos poderes) y de independencia (que implica que el Poder Judicial no debe depender de los otros poderes y, en consecuencia, pueda aplicar la ley sin ningún tipo de presiones ni con criterios políticos); 3) Elecciones libres y auténticas para designar a los gobernantes y los representantes políticos (y ello supone que existan tanto condiciones básicas de equidad en la competencia como una real autonomía e independencia de los órganos electorales); y 4) que exista una adecuada representación de la pluralidad y de la diversidad política e ideológica existente en la sociedad y que la misma se respete y cuente con garantías para expresarse y reproducirse libremente.
Todas esas condiciones se han perdido (o están en vías de desaparecer muy pronto). En efecto: 1) hoy el gobierno y las mayorías morenistas toman decisiones sin ningún reparo ni respeto por el derecho, hacen de este lo que quieren, cambian las reglas a voluntad sin ningún límite y han convertido a la Constitución en un patrimonio privado, un instrumento jurídico a modo, en el que pueden poner y quitar lo que deseen; 2) hemos vuelto a las épocas en la que el Poder Legislativo es un mero validador de la voluntad presidencial (de la actual y de la pasada), pronto ocurrirá lo mismo con el Judicial producto de la elección de sus miembros que serán correas de transmisión del gobierno y del partido gobernante; 3) la equidad en las elecciones se ha roto con la descarada intervención del gobierno, avalada y consentida por unas autoridades electorales capturadas y plegadas a los intereses del poder; y 4) tenemos la representación política más distorsionada de los últimos 30 años (con el 55% de los votos el oficialismo cuenta con el 73% de las diputaciones) y pronto se concretará la desaparición de la representación proporcional y de las senadurías de primera minoría, además a los opositores de les trata de enemigos y a los críticos se les sataniza.
Lo dicho, se trata de un auténtico cambio de régimen.
Investigador del IIJ-UNAM
(El Universal)
